La frase “estabilidad institucional” está de moda y basta medio ver el tuiter para saber que también los catrachos, sobre todo los que apoyan al dictador recién “electo” les gusta el estribillo.

Muchos aplaudimos que nuestro país haya alcanzado el récord histórico de tener una misma constitución sin tacha de ilegitimidad por más de 30 años y elecciones sin fraude, esto prueba estabilidad institucional y es más que positivo. Pero también cuando se habla de “estabilidad institucional” es bueno recordar aquella frase atribuida al temible Manuel Estrada Cabrera “Para mis amigos, la justicia. Para mis enemigos la ley”. La frase viene como anillo al dedo porque Estrada Cabrera y Ubico (para citar a dos dictadores lejanos y no molestar a los que añoran a Lucas o Rios Montt que fueron peores) usaron dos armas para montar un férreo régimen por 22 años el primero y 14 el segundo: la sentencia y la ley.

Las sentencias en tiempos dictatoriales no son más que documentos que abren la puerta a la represión bajo el discurso de la “estabilidad institucional” pero sobre todo, hacen “legítima” la injusticia y la opresión.

En este contexto, la “sentencia” que declaró la “inaplicación” de la constitución hondureña para permitir que Juan Orlando Hernández, presidente en ejercicio pudiera participar para la reelección, muestra el descaro con que ese documento fue redactado para burlar, como fuera, cualquier eventual aplicación del derecho.

Por otra parte Nicaragua, el otro vecino, es el vivo ejemplo de que un gobierno ilegítimo tiene éxito. El Frente Sandinista cambia las reglas electorales como se le da la gana, la autoridad electoral hace en las elecciones lo que le da la gana y ahora el contagio llegó a Honduras. Nicaragua tiene un alto nivel de inversión extranjera, la seguridad es eficiente y la “estabilidad” que brinda el régimen despierta que aniden empresas de toda la región, sin embargo, el precio que la historia nicaragüense pagará será altísimo, porque es cuestión de tiempo que un régimen que descansa en la habilidad de los gobernantes para mantener un discurso de izquierda para asociarse con el capital de derecha y armar un marco corrupto de parasitismo mutuo explotará.

Honduras cuenta con los partidos más longevos de Centro América y quizás de toda América Latina, el próximo mandato que intentará llevar a cabo el Partido Nacional es ilegítimo desde cualquier perspectiva, pero eso sí, de manera formal es “válido” porque tiene el reconocimiento de la autoridad y a eso le llaman “estabilidad institucional”.

Los franceses dejaron claro en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (ya hace más de 220 años) que “la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”, así que lo que le queda al hondureño en estos momentos es ejercer su legítimo derecho de resistencia frente a los efectos “formales” de una sentencia que lejos de articular límites al poder los amplió de manera exponencial. El derecho a la resistencia a la opresión es un concepto liberal clásico, por lo que no podrá ser tachado por aquellos tremendistas que siempre siembran miedo, como medio para “crear caos y zozobra”.

Si la institucionalidad no sirve para conservar y proteger el derecho, quienes encarnan esa institucionalidad deben ser sacados del servicio público y acá sí debemos lamentar el papel de algunos organismos internacionales en la crisis centroamericana.

Las dictaduras son contagiosas, de allí que debemos vacunarnos, sobre todo ahora cuando en nuestro Norte el propio México debate una ley que permitiría la militarización de país sin mayores cortapisas.

@Alex_balsells