La privatización de pasados y presentes servicios en el país ha marcado historia y constituye una amenaza para los guatemaltecos trabajadores, honrados y responsables, que pagan impuestos y no hacen daño a la sociedad, quienes además de sufrir el alto costo de vida actual y otras   cargas impositivas, cada día más pesadas, sufren desde hace años la indiferencia de gobernantes que han aporreado al pueblo. Mientras tanto, políticos y poderosos corruptos —existen buenos también— han cargado con millonarias cantidades de dinero que mantienen pobre al pueblo, las que el Gobierno pretende recuperar con nuevos tributos.

Las autoridades han anunciado ahora con sutileza aplicar nuevas privatizaciones en carreteras del país, con el argumento de mantener en buen estado la red vial, como si sus habitantes no pagaran cargas tributarias. Hace años, gobernantes mal recordados aplicaron esta severa medida en telecomunicaciones, vivienda, aviación, ferrocarriles, electricidad, etcétera, cuyas consecuencias han acarreando hasta la fecha. Existen actualmente dos peajes, uno ampliamente conocido desde hace tiempo, entre Palín y Escuintla, y otro privado, entre Villa Nueva —salida hacia Amatitlán— y Villa Canales.

En futuro cercano habrá que tributar en la ruta de Escuintla al Puerto Quetzal, mantenida dañada durante varios años, sin formal reparación, no obstante ser importante vía de importación y exportación que beneficia a tan degenerada economía nacional. A manera de ejemplo, quienes por trabajo o residencia viajan diariamente de los puertos a esta capital, o viceversa, deberán cancelar cuatro tasas, Q61.00 diarios y Q366 semanales, en caso no fijen tarifas más altas de las que se pagan actualmente entre Palín y Escuintla, aparte de sopesar otras cargas como combustible, alimentos, mantenimiento, etcétera.

Funcionarán otros peajes, entre Cocales-Mazatenango, Suchitepéquez-Retalhuleu y El Tejar-Itzapa-Zaragoza, en la Interamericana, cuyos trabajos recién han sido reanudados, tras permanecer varados por varios meses, por falta de previo libramiento legal que la empresa contratada por el Gobierno debió ejecutar con municipalidades y propietarios de terrenos, antes de pavimentar varios kilómetros. La comuna de El Tejar defendió importante nacimiento de agua. Posiblemente se incluya un nuevo tramo inaugurado hace poco entre Barberena-Santa Rosa-ruta a El Salvador.

La solución al calvario en la Interamericana, por progresivos atascos viales hasta de tres horas, principalmente en horas pico, fines de semana o festividades, en perjuicio del desarrollo del país, ha estado estancada por más de 15 años, por irresponsabilidad e indiferencia de cinco gobiernos obligados a brindar libre paso de esta capital y otros departamentos hacia siete del occidente: Chimaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos; tres pasos fronterizos con México y daño al turismo internacional que deja buenas divisas al Estado. Por supuesto, estas medidas son optativas en algunos casos, a cambio de utilizar rutas apretadas y en mal estado.

Existe temor por presunta privatización del sistema educativo —analistas aseguran que está iniciada—, con la clausura de la carrera magisterial, modificada por Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación, por el pasado Ministerio de Educación, con sorpresivo apoyo del actual —¿orden extranjera?—. La Corte de Constitucionalidad frenó tan desdeñable medida, cuyo fallo definitivo pende por apelación del Mineduc, que irrespeta al máximo tribunal al no acatar su fallo. Ojalá no se atente contra el servicio de salud.