La niña es violada por su padre desde los 8 años. Cumplirá 12 y ahora teme que su hermanita menor sufra la misma suerte. Una amiga de su madre, quien conoce el caso, en lugar de denunciar reúne a su grupo de oración para pedir la intercesión divina, quizá pensando que al fin y al cabo se trata de un asunto privado en el cual nadie más que la propia familia tiene derecho de actuar. O quizá esta mujer de verdad cree en los milagros y entonces ese y todos los papás, tíos, hermanos, maestros, sacerdotes, pastores, médicos y vecinos recibirán la iluminación divina y dejarán de abusar a sus hijas, sobrinas, hermanas, primas, alumnas o hijas de sus feligreses. Esta historia no es invento mío, me la ha compartido un lector horrorizado por el destino de esas víctimas inocentes.

Los embarazos en niñas y adolescentes menores de 14 años no son producto de una violación aislada, sino por lo general se producen por abuso sexual reiterado. Su enorme incidencia ya no permite continuar en el engaño de considerarlos casos aislados, sino producto de una norma tácita de conducta del sistema patriarcal, entre cuyos postulados figura una especie de permiso de propiedad de los cuerpos de las niñas y las mujeres. Esta actitud de desprecio viene desde el momento del nacimiento —el cual, además, en muchos casos genera frustración por ser niña y no varón ese nuevo miembro de la familia— y de manera automática esa nueva vida pasa a constituir parte del patrimonio, quedando sus derechos eliminados de la ecuación. Es de ese modo como una mayoría abrumadora de niñas termina en situación de marginación, utilizadas para labores domésticas, explotadas y discriminadas desde los primeros años de vida, en una posición de absoluta desigualdad.

Este “cuadro de costumbres” no es exclusivo de Guatemala ni de otros países de la región. El incesto y las violaciones sexuales perpetrados contra niñas desde sus primeros años de vida son algunas de las aberraciones cometidas de manera sostenida e impune dentro y fuera del seno familiar. Tampoco es una práctica propia de sectores pobres y con bajo nivel educativo, ya que estos delitos cruzan todos los grupos sociales sin distinción alguna. Si un día se rompieran los diques de esa mal llamada “privacidad” y hablaran las víctimas de incesto y violaciones durante sus años de niñez y adolescencia, estallaría un ensordecedor coro de voces.

Por supuesto, los violadores no atacan solo a sus hijas, también lo hacen con sus hijos desde muy temprana edad, indiferentes al daño físico y emocional provocado sobre ellos. Los resultados de esa violencia, pero sobre todo las consecuencias del silencio de quienes conocen los abusos y prefieren ignorarlos, representan una carga psicológica que durará toda la vida y tendrá impacto sobre cualquier relación futura de esos niños y niñas.

Mientras estos abusos suceden y se multiplican, los derechos de la niñez son ignorados por el Estado y por las instituciones cuyas responsabilidades tocan a este sector vulnerable de la población, como educación y salud. Las niñas embarazadas no solo no reciben una atención prioritaria, sino se las considera parte secundaria de la ecuación y se las obliga a mantener un embarazo por violencia y una maternidad no deseada, que acabará para siempre con sus esperanzas de desarrollo. Para ellas no solo no hay justicia, tampoco el respeto por su condición de niñas con derechos.

La ciudadanía tiene un papel protagónico en este escenario de enorme desigualdad por no denunciar los abusos, por encubrir el incesto —con lo cual lo propicia— y por evadir su responsabilidad en el ámbito de la protección integral de la niñez. Abstenerse de denunciar es participar de los crueles actos cometidos contra este sector tan desprotegido. Ya es hora de actuar.

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