El video en el que el ahora exdirector del sistema penitenciario —con capucha de huelguero sancarlista— dialoga (o negocia) con mareros internados, el de Blanca Stalling yendo plácidamente a visitar a su hijo mientras una agente “de custodia” le lleva una bolsa y la incompresible huida de prisión de la Patrona, condenada a más de 90 años, evidencian un ineficiente sistema carcelario. Lo lamentable y censurable a las autoridades encargadas es que los hechos ocurrieron de forma visible, sin disimulos. Eso es inaudito, intolerable, requiere de medidas contundentes y actuar inmediata y penalmente contra los responsables.

Ningún gobierno de este país, en la era democrática, ha querido ordenar el tema de prisiones. Algunos detenidos salían alegremente por la puerta, celebraban fiestas, iban al spa, paseaban por la Antigua o cometían fechorías y regresaban —o no— a sus celdas cuando les venía en gana. El botón de muestra es el de los cuatro mareros que las “autoridades descubrieron” hace unos días que no estaban donde debían, cuando otros hummies decidieron abrir la puerta a la Policía y permitirles el paso para que entrara a contarlos porque ellos tenían la llave y el candado. Un año y medio después de llegar al poder, el gobierno no controla las cárceles del país.

El debate técnico, político y social sigue estancado en temas como la reinserción, los derechos, las condiciones de vida, etc. En una palabra: en la forma. El fondo es muy simple y de fácil implementación: hay que hacer valer la ley por la fuerza si no se puede por la razón. Horario, normas y comportamientos que se imponen a como de lugar, sin titubeos ni tolerancia. Además, los jueces no deben, en absoluto, determinar en qué prisión se interna el condenado, eso debe ser responsabilidad exclusiva del sistema penitenciario.

La crítica y hasta el escándalo que provocará en algunos la anterior afirmación, contrasta con las condiciones a las que está sometido el Chapo Guzmán en un centro de detención en New York. Encerrado 23 horas al día en una habitación, con salida a un solitario pasillo la hora restante y sin contacto con otra persona, además de no ver la luz solar. No he escuchado alzar la voz a integrantes de esos organismos preocupados por derechos y reinserción de los detenidos, rasgarse las vestiduras ni quejarse del trato. Aquí, por el contrario, seguimos divagando sobre qué hacer para que todo sea —o parezca— políticamente correcto mientras los detenidos campan a sus anchas y salen alegremente de prisión.

Hay que sentarse —¡pero ya!— y hacer un censo de quienes están encarcelados. Entre los preventivos, es necesario mandar a casa a la mayoría en espera del juicio e implementar un proceso que termine con el hacinamiento en los centros que hace inviable adoptar cualquier solución medianamente decente. Eleven las fianzas, establezcan controles más estrictos o refuercen las medidas, pero por el bien de todos es de urgencia nacional arreglar esa situación por el valor que merece la justicia y el respeto al Estado de Derecho que deseamos.

La responsabilidad es política, y si vemos el sistema penitenciario como un eslabón —muchas veces el último— de la cadena de justicia, es preciso advertir que hay que reforzarlo porque de lo contrario la credibilidad en las condenas se pierde cuando ocurren casos —no digamos si son simultáneos— como los arriba relatados.

A las 48 horas de asumir el cargo, el nuevo director interino renunció ¿Estamos o no en crisis?