Es grato recibir comentarios de lectores sobre lo que se escribe; es el pan del columnista. La mayoría de los comentarios suelen ser positivos, a veces con observaciones o sugerencias. No faltan los mensajes negativos, ocasionalmente razonados con argumentos, que recibo con atención y respeto. Los mensajes que contienen insultos y descalificación personal suelen ser anónimos. No respeto ni hago caso de mensajes anónimos; no merece atención ni hay por qué dignificar lo que dice alguien que no tiene la dignidad y valentía de calzar su nombre a sus palabras.

La sesgada intervención política del embajador Todd Robinson ha sido criticada y algunos comentaristas descalifican estas críticas con el argumento de que solo se busca escudar la corrupción con el cuento del rechazo a la intervención extranjera. Sucede que hay intervención extranjera de la buena y de la mala, según sea el lente y ocasión. Muchas de las mismas personas que hoy aplauden la intervención extranjera en asuntos políticos, la rechazan si no es de la que a ellos les gusta. Sugiero que las ONG y la industria de la protesta estarían poniendo el grito en el cielo, rechazando la intervención extranjera, si a algunos de ellos se les investigara la procedencia y uso de fondos. No se vería a Codeca aplaudiendo al comisionado si este buscara que a ellos se les aplique la ley. Además, sugiero que al PDH le iría mal si protegiera el derecho humano al trabajo que tiene toda persona, que es burlado por el salario mínimo. No se verá al PDH desalojando con sus propias manos a los invasores y bloqueadores que le quitan el pan de la boca a los trabajadores de la mina San Rafael. La intervención extranjera y la protección de los derechos humanos aciertan cuando es la que a mí me gusta o protege mis intereses, y se rechaza cuando me disgusta o amenaza mi conveniencia.

Un caso ilustrativo son las decisiones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de rechazar tres solicitudes de antejuicio contra Jimmy Morales y una contra 107 diputados. Rápidamente fueron etiquetados de corruptos, sin alusión alguna al razonamiento jurídico detrás de la decisión de los magistrados. En el caso del bono de Q50 mil mensuales que el Ministerio de la Defensa le otorgó a Jimmy Morales, la Contraloría General de Cuentas le otorgó la opción de devolver el dinero y el presidente lo reintegró. Mal hecho lo del bono de Q50 mil, pero el órgano competente le dio una salida y el presidente la tomó. La CSJ rechazó el antejuicio en este caso por ser un asunto previamente juzgado y resuelto.

La solicitud de antejuicio contra 107 diputados, por haber aprobado modificaciones al Código Penal, también fue rechazada y la CSJ fue criticada por haberse sumado a “la cadena de corrupción”. Las modificaciones al Código Penal aprobadas por los diputados fueron desacertadas y protegían la corrupción, pero eran legales. A pesar de ser legales, la Corte de Constitucionalidad las suspendió, de manera ilegal y con mucho aplauso. La indignación pública generalizada contra los diputados los obligó a hacerse para atrás y dejar sin efecto lo decretado. La CSJ rechazó la solicitud de antejuicio porque aun cuando la decisión de los diputados de aprobar los cambios al Código Penal tuviera muy mal olor, la ley les otorga el derecho de aprobar decretos apestosos.

A quien objeta la justicia selectiva y la violación del debido proceso se le etiqueta de corrupto. Se puede estar a favor del estado de Derecho y en contra de la corrupción. A la larga, es dañino para la sociedad combatir la corrupción violando el estado de Derecho.