El presupuesto del Estado presentado al Congreso para el año 2017 es de Q79,830 millones. Se está planteando un 12.76% de incremento respecto al del año pasado, al emplear un escenario de ingresos tributarios de Q57,995 millones, que es muy optimista. Se está previendo un déficit presupuestario de Q17,439 millones, que representa un 2.2% respecto al PIB. El problema es que los ingresos tributarios se estiman según el escenario optimista proporcionado por el Banco de Guatemala. Aunque la regla debería ser gastar lo que se tiene como ingresos, la mayoría de países optan por endeudarse para financiar su presupuesto. Cuando se califica el riesgo-país a nivel internacional, se ha tomado como norma que los límites tolerables para la relación deuda/ingresos tributarios sean del 250%, límite al que estamos cerca de llegar.

El endeudamiento ha crecido en los últimos gobiernos, pues el discurso ha sido que el país no está lo suficientemente endeudado, y aún tolera más. Sin embargo, la brecha se redujo y estamos a las puertas de pasar a la lista de los países con deuda inmanejable. Los últimos gobiernos se han servido con la cuchara grande y han gastado sin control y sin observar que los gastos sean inversión que provoque el desarrollo del país. El presupuesto del Estado se ha convertido en una herramienta para que la clase política se aproveche de él, bajo una espiral de corrupción que no ha terminado, pues hasta el nuevo gobierno está ya salpicado de casos de corrupción que permite que se siga mamando de la ubre estatal. Los puestos públicos no son adjudicados por méritos propios, sino por la amistad, lazos de familiaridad o por compromisos adquiridos con grupúsculos que siguen insertados dentro de la estructura gubernamental.

El presupuesto de Guatemala es muy complejo, pues la Constitución y otras leyes proveen asignaciones fijas que hacen que se vuelva muy rígido, la flexibilidad presupuestaria es de solamente 17.7% para nuevos proyectos e iniciativas. Las asignaciones fijas son proporcionadas a instituciones que manejan los fondos con opacidad. En esto puede hacerse muy poco, son mandatos constitucionales, pero puede planificarse en el próximo año el realizar cambios sustanciales que permitan modificar estos porcentajes.

La calidad del gasto debe revisarse y analizar si conviene que continúen instituciones inoperantes dentro del Estado, pues solo el rubro de remuneraciones es del 27.9% del presupuesto total. Hay rubros que deben reducirse, por ejemplo algunas secretarías, aportes a municipalidades, al Instituto de Fomento Municipal, a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, a los Consejos de Desarrollo, el programa de fertilizantes, el fondo de tierras, a ONG, fundaciones, etc. Además, deben revisarse las remuneraciones y dietas a burócratas, y gastos en prebendas para ellos como combustible, teléfono, comidas, viajes, eventos.

El presupuesto debe discutirse, pues si no se aprueba antes del 30 de noviembre seguirá vigente el del 2016, y esto puede ser una estrategia. Lo que sí se debe tener claro es que el nivel de endeudamiento está llegando a los límites tolerables y es necesario poner un alto a ello. Esto no va a parar si no se realiza una verdadera reingeniería al Estado para mejorar el gasto público, trasladar a inversión mucho del dinero que ahora se está despilfarrando y del que no vemos ningún resultado. Fuimos ilusos al creer que este gobierno lo haría, nos seguimos desencantando.

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