Este 31 de marzo se cumplen cinco años de las muertes de Ángel Rodolfo de León Palacios, Juan Carlos Velásquez Marroquín y Nahomi Lara Orellana. Tres estudiantes de la Universidad del Valle que supuestamente “se ahogaron” mientras cruzaban en cayuco un río que atraviesa la minera de níquel ubicada en El Estor, Izabal. Era un viaje académico, en el cual les acompañaba su tutor. Él sobrevivió, ellos no, y esta es la hora en que todavía no se ha esclarecido qué llevó a la muerte a estos jóvenes.

Son cinco años de persistencia de estas tres familias; un viacrucis indescriptible por la maraña de obstáculos que impiden que el proceso llegue siquiera a una fase intermedia. A esta situación ha contribuido la lamentable postura de la Universidad del Valle, que hace poco planteó otro recurso de amparo, que tiene nuevamente detenido el proceso. Justo el tipo de estratagema que están empleando otros mafiosos para evitar que haya justicia lo aplica también esta Universidad, que nunca ha querido asumir lo que significa que los estudiantes emprendieron dicho viaje por razones de su formación académica universitaria y que debería, más bien, estar totalmente comprometida con esclarecer lo que ocurrió. Los pocos avances que ha tenido el caso, como lograr finalmente que el proceso fuera trasladado a Zacapa, han sido más producto de la gestión de los padres de los jóvenes, que pusieron una denuncia en la Supervisión de Tribunales, por la conducta dilatoria que tomó el juez del juzgado de Izabal.

A pesar de todos los esfuerzos por depurar el sistema, es evidente que cuando los actores involucrados tienen mucho poder e influencia política y/o económica la justicia no opera igual: se acomoda y se pliega y, generalmente, se sesga en contra de las víctimas, especialmente si las familias de estas carecen del mismo nivel de poder e influencia. En el caso de Nahomi, Ángel y Juan Carlos, hablamos de una asimetría profunda. Son tres familias de gente honesta y trabajadora, cuyo poder más grande es su anhelo de justicia, que parece no alcanzar para enfrentarse a una institución académica de “prestigio” y a la empresa en cuya propiedad ocurrieron las muertes.

Esto se ha visto también en el caso de Cristina Siekavizza, cuya familia tiene casi siete años de estar luchando. ¿Cuántos casos más hay como estos, donde la asimetría de poder e influencia sobre el sistema es tan profunda entre querellantes y querellados, que pesa a la hora de que se haga justicia? Si esto pasa con las familias de Juan Carlos, Ángel y Nahomi, con la familia Siekavizza, y con otros casos que al menos han captado por algún tiempo la atención pública y se ha hecho presión social para que avancen, ¿qué esperanza le queda a la gente anónima, sin poder e influencia y sin acceso a los medios de comunicación?

Lo pregunto ahora que la búsqueda de justicia por las muertes de 41 niñas del Hogar “Seguro” inicia su propio viacrucis. Proviniendo todas ellas de hogares sin poder, posición ni influencia social, veo difícil que se haga justicia. Una vez se diluya el efecto mediático, o sea sustituido por otro evento, como casi lo logran con lo acontecido en el correccional, las familias quedarán a merced de un sistema donde se aplica bien aquello de: “Como te ven, te tratan”.

Así estamos: entretenidos con el show mediático de la semana, mientras las reformas constitucionales al sector justicia están paralizadas en el Congreso y las familias siguen luchando por su cuenta por justicia para sus hijos. Es obvio que los que detentan el poder y la influencia en esta sociedad saben bien cómo operar a su favor las debilidades de las masas.