Uno de los pocos logros tangibles luego de la firma de los acuerdos de paz en 1996 fue que gradualmente se fue abriendo el espacio para opinar con mayor libertad y para hablar abiertamente en público sin por ello temer ser agredido, amenazado, desaparecido o asesinado porque la forma de pensar difiriera de aquella que el Estado y el establishment consideraran contraria y peligrosa al statu quo. A quienes nos tocó crecer y vivir en la época donde eso sí ocurría recordaremos por siempre la enorme cantidad de intelectuales, docentes, periodistas, líderes comunitarios, sindicales y políticos que fueron asesinados, desaparecidos, amenazados o que tuvieron que salir al exilio, simplemente por ejercer su derecho a pensar y a opinar.

Fueron al menos dos generaciones las que adoptaron el manto del silencio como estrategia para sobrevivir y al menos otra más que ha crecido casi ignorante de lo sucedido en el país durante el conflicto armado interno, y que, habiendo gozado siempre de esa libertad, no logra ahora reconocer las señales de retroceso que se hacen más y más palpables día a día, mucho menos vislumbrar lo que significa para todos y cada uno de nosotros, que cualquiera pueda ser sujeto de amenazas e intimidaciones por decir lo que se piensa o apoyar con su voz una causa que algunos identifican como en contra del statu quo.

Así como cuando el cielo se va poniendo gris poco a poco, en anticipo de la tormenta, así se vienen acumulando cada vez con mayor intensidad las muestras de intolerancia, rechazo y odio contra quien piensa diferente. Lo vemos a diario en las redes sociales. Valga decir que no solo los que hacen defensa oficiosa del presidente y de algunos ministros y ministras hacen gala de estas prácticas. Es también el internauta que se envalentona con el anonimato que ofrece un pseudónimo y que no le basta solo con verter todos sus prejuicios encima del otro, sino espera que su interlocutor los adopte como su nueva doctrina, so pena de ser condenado en caso contrario. Al parecer, estar parapetado detrás de una computadora, sin contacto humano con otro ser humano, parece crear condiciones para que salga con más facilidad el lado oscuro que todos llevamos dentro.

La intolerancia digital es, solamente, una forma de expresión contemporánea de la que nunca se extinguió con la firma de los acuerdos de paz; solo buscó refugió en el Hades, a la espera de condiciones para resurgir. La lucha emprendida contra la corrupción es el sustrato propicio. Quienes se sienten amenazados y potencialmente perseguidos por la justicia son los más beneficiados con acicatear el odio hacia y vulnerar a quienes se han manifestado abiertamente a favor de la depuración del Estado, y del fortalecimiento del sistema de justicia.

Esto le ha pasado recientemente a la periodista y columnista Marielos Monzón, quien el lunes 26 de junio acudió al Ministerio Público a poner una denuncia en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, por la amenaza que supone que hace un par de semanas se publicara una noticia sobre una “lista” de personas que estaría siendo circulada entre grupos de narcotráfico, a quienes se habría informado que las personas señaladas en dicha lista serían responsables de su persecución penal y encarcelamiento.

Conociendo la historia reciente del país, esto no puede pasar desapercibido. Nadie debería sentirse amenazado por apoyar la lucha contra la corrupción y la búsqueda de mayor justicia social. Exigimos protección y esclarecimiento de este hecho y una postura oficial del Gobierno en contra de estas expresiones oscuras que atentan contra la gobernabilidad democrática.

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