“En estas condiciones no queremos elecciones” resultó ser una consigna correcta en 2015.  Las autoridades electas, Jimmy Morales y los diputados, no contribuyeron a resolver los problemas de inestabilidad y corrupción entonces puestos en evidencia.  Se requería una apertura democrática para que nuevas fuerzas políticas participaran en las elecciones y desplazaran del poder a la clase política tradicional.  Los entonces diputados no lo permitieron: su interés particular predominó sobre el interés nacional.

Los efectos negativos de la falta de apertura democrática en 2015 se reflejaron en la ausencia de una renovación democrática y en lo ocurrido durante las últimas tres semanas. Comenzaron con la iniciativa del presidente de sacar al Comisionado de la CICIG de Guatemala, lo cual fue apoyado por otros personajes –empresarios, políticos y funcionarios- no visibles que también deberían rendir cuentas por la crisis que desencadenaron. Siguieron con la decisión del Congreso de evitar una investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral del FCN-Nación cuando Jimmy Morales era su secretario general. Fueron reforzados por la noticia de que el presidente se había beneficiado con un bono especial sacado del presupuesto del Ejército. Culminaron con la aberración legislativa de pretender reducir sanciones penales para una gran gama de delitos, incluyendo los de corrupción y el de financiamiento ilícito en particular.

Jimmy Morales, los diputados y los actores invisibles que los acompañaron subestimaron el grado de oposición que generarían. Quisieron plantear una situación de polarización para dividir a la población en su lucha contra la corrupción. Pero lo expresado en las redes sociales, en los medios de comunicación independientes y en las calles demuestra que no pudieron engañar a la población. También subestimaron la reacción en el resto del mundo: el aislamiento internacional del gobierno es contundente. Y lo irónico es que la actitud del presidente, al tratar de infundir miedo mediante la denuncia de la violencia de los manifestantes y la colocación de fuerzas militares –algunas de civil- en la plaza, delata tendencias represivas mayores que las exhibidas en 2015 por las autoridades que entonces tuvieron que renunciar.

Los partidos representados en el Congreso, con la excepción de un par de partidos muy pequeños, han quedado totalmente desprestigiados. Y la consigna “ni corrupto ni ladrón” genera risas sarcásticas que esconden rabia y desesperanza en relación al poder ejecutivo. Solamente se mantiene con cierta fuerza el poder judicial, con el apoyo del MP, de la CICIG y, ahora, de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, es poco probable que los otros dos poderes -junto con los actores invisibles que los han acompañado- toleren la independencia del poder judicial. Lo demuestra la insistencia de Jimmy Morales en pedir la salida del Comisionado de la CICIG, así como las acciones del conjunto de políticos tradicionales que quisieron evitar estar sujetos a la justicia, lo cual se reflejó en la aberración legislativa que aprobaron.

Revertir lo hecho por el presidente y el Congreso, impulsar una apertura democrática para favorecer el desplazamiento de los políticos tradicionales, y asegurar el imperio de la justicia, será difícil. Debe involucrar a todos los actores que se opusieron a la aberración legislativa de la semana pasada y evitar que el rescate de la democracia y de la justicia se presente como una polarización entre los guatemaltecos que aman a su país y los demás. Eso es lo que pretende un presidente sin la capacidad de contemplar e impulsar un proyecto de país. Pero la gran mayoría de guatemaltecos está a favor de la justicia y la democracia. Eso es lo que actualmente está en juego.

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