LA PRIMERA LECTURA DE la pretensión de César Calderón, defensor de Otto Pérez Molina, con el fin de recusar al juez Miguel Ángel Vásquez, evidencia el fin de causarle un daño al sistema legal por medio de descalificar al juzgador. Pero al buscarle otra intención se encuentra con alguna facilidad una de efectos peores, porque afectaría al derecho constitucional de emisión del pensamiento. No es una interpretación sin fundamento, como sí ocurre con el criterio del abogado, porque hace equiparar tendenciosamente una opinión favorable a alguien, como una razón para cambiar o para dirigir en un sentido u otro la interpretación del espíritu y la letra de las leyes. Para evitar esta acusación, entonces, lo mejor es guardar silencio. Absurdo.

PRENSA LIBRE, al premiar simbólicamente al juez Gálvez, de hecho emitió una opinión. No se puede considerar una forma de lograr un veredicto, porque esta casa no está siendo motivo de juicio, ni mucho menos por el letrado. Si la abominación jurídica fuera exitosa, cualquier persona podría ser acusada de presionar a un juez cuando opine sobre determinado caso de algún tema jurídico, o jurídico-político, político-jurídico (no es lo mismo), o económico. La solución, según este torcido y retorcido argumento, es no opinar. O sea: silenciar a las críticas, aprobaciones o sugerencias expresadas por alguien en columnas, y en declaraciones publicadas por los medios informativos. Al entender estas intenciones, el asunto adquiere sentido.

ANALIZADO DESDE OTRA perspectiva, se evidencia la intención de aplicar, aunque de manera igualmente retorcida, el argumento legal del llamado “juicio paralelo”, es decir de la presión y la condena o absolución de alguien como producto de las presiones de cualquier grupo social, sean estas directas o indirectas, legales o ilegales. Esa es una de las ideas para mantener sin salir a los jurados en Estados Unidos: así ellos no se ven presionados en ninguna forma por lo dicho en la calle respecto a los casos juzgados. Sin embargo, el retorcimiento de este criterio se manifiesta de nuevo en Calderón, porque se trata de quienes deberán decidir respecto a la culpabilidad o inocencia de alguien, no del juez. De nuevo, el uso de la falacia.

ALGUIEN PUEDE CONDENAR o absolver al opinar sobre cualquier tema —no sólo jurídico— ya sea en forma oral, entre amigos, o por medio de las redes sociales, lo cual en este último caso es válido cuando los mensajes no son anónimos. En los medios informativos, estos veredictos son el motivo de la existencia de las columnas de opinión. Pero hay una gran distancia de la necesidad de este derecho humano a la acusación contra los jueces de fallar según las opiniones ciudadanas. Por aparte, si coinciden los criterios legales del juez con el de quien opina, ello no implica tampoco una especie de contubernio entre ambos. Esta excusa tiene de hecho varios siglos y se ha empleado para descalificar a quienes toca aplicar las leyes.

HAY OTRA EXPLICACIÓN MUY posible, y es la de esperar tiempos mejores para lograr veredictos favorables cuando lleguen nuevos jueces. Los atrasos en los procedimientos implican seguir en la cárcel a los acusados, pero es un precio modesto si se compara con las consecuencias de la aplicación de la ley. La debilidad mayor estriba en cómo actuar si la artimaña no surte efecto. Mientras tanto, se coloca en la ciudadanía una nueva semilla de duda respecto al papel de la prensa independiente, convertida —sin ser esa su intención— en un instrumento para conocer de hechos inmorales, ilegales, cuestionables, ante la falta de efectividad real de las entidades estatales, capturadas por bandoleros para quienes la impunidad es un beneficio y la legalidad, una desgracia.