A lo largo de la historia algunos han cargado en su espalda la pesada posibilidad de ser asesinados por su trabajo, sus ideas o sus convicciones: defensores de derechos humanos, del territorio y los recursos naturales, líderes campesinos y sociales, políticos que ejercen su trabajo con dignidad, empresarios honestos, trabajadores y universitarios que luchan por elevar el bienestar social, e incluso, aquellos que simplemente hartos de sentirse impotentes se atreven a ser los primeros en abanderar la indignación colectiva y el hartazgo frente a la opresión de la codicia.

Frente a cualquier intento de emancipación, los dominadores, los dictadores del invierno contra la primavera, tienen muchas respuestas: gobernantes-títeres que replican sus mensajes y prostituyen lo público; medios de comunicación que difunden una narrativa contraria a la democracia y al disentimiento; universidades y centros de investigación fundamentalistas que recalcan el carácter idílico del mercado y el individualismo como respuesta a los males sociales. Pero, si todo esto no sofoca los fuegos de la emancipación, entonces recurren a ejércitos, públicos o privados, que emprenden campañas de terror y violencia contra la población en general, o hacia aquellos que osan contradecir el mensaje dominante y proponer una alternativa.

El fin de semana pasado, Juana Raymundo Rivera, una joven ixil de 25 años, enfermera en el centro de Salud de Cotzol, fue secuestrada, violada y torturada. Su cuerpo fue dejado en un riachuelo de Nebaj. Juana recientemente había sido electa miembro del comité ejecutivo municipal del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), un partido político en formación que podría convertirse en una alternativa de mayorías frente a un liderazgo empresarial y político alejado de los problemas nacionales. Dentro de sus objetivos, esta agrupación plantea la fundación del Estado Plurinacional y la nacionalización de todos los bienes y servicios privatizados. Una propuesta que implicará cambios estructurales en materia económica, política y fiscal, y que seguramente estremece a aquellos que se han servido del Estado actual para apropiarse de la riqueza y los negocios más jugosos, fomentar el racismo y la desigualdad.

Juana también participaba en el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), una organización que en los últimos meses ha sufrido una ola de asesinatos: seis, entre mayo y julio. Toca reconocer que la violencia contra Codeca es selectiva y dejó de ser verbal y narrativa —llevamos años escuchando que roban energía sin que esto se compruebe en los tribunales— para pasar a lo físico. Hasta el momento la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Guatemala, Norma Torres y otros 28 congresistas estadounidenses, han expresado su preocupación por estos ataques. En Guatemala, la Procuraduría de Derechos Humanos ha repudiado estos asesinatos, y ha exigido al Ministerio Público investigar, identificar y enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Mientras tanto, Jimmy Morales, que en mayo lanzó sus diatribas contra Codeca hoy se disfraza de soldado, y el sector empresarial organizado no se ha pronunciado al respecto de esta violencia selectiva.

Podemos estar a favor o en contra de las proclamas del MLP y de las acciones de Codeca —así se construye la democracia—, pero todos los ciudadanos debemos rechazar la muerte arbitraria de adversarios ideológicos. De lo contrario, estamos destinados a volver a caminar por la dolorosa senda de la guerra civil.