Los Estados centroamericanos han establecido en sus constituciones el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, han firmado y ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), entre otros muchos instrumentos de derecho internacional tales como convenios, pactos, tratados y planes de acción, relacionados con esta materia.

Para concretar los compromisos asumidos, los Estados del Istmo han desarrollado un marco legal e institucional enfocado en la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y, específicamente, de los derechos de las mujeres. Sin embargo, en la práctica, mujeres centroamericanas, por el hecho de ser mujeres, continúan siendo discriminadas en todas las esferas de su vida: económica, social, cultural, civil y política. Estas manifestaciones, que abarcan los ámbitos público y privado, y se acentúan en mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y en condiciones de pobreza, además de deteriorar o anular el disfrute de sus derechos, tienen un efecto negativo en toda la sociedad.

Las observaciones realizadas en los últimos diez años por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, a pesar de revelar algunos avances, hacen hincapié en la necesidad de continuar mejorando el marco legal para que este incorpore ampliamente y prohíba todas las manifestaciones de discriminación contra la mujer. Asimismo, advierte sobre el poco conocimiento y compresión que la sociedad centroamericana tiene sobre los derechos de las mujeres, lo que dificulta cambiar actitudes estereotipadas y normas culturales que asignan roles en función del género, dentro de la familia, en el lugar de trabajo, y en la vida política y social. Evidencian también la obligación de modernizar las instituciones públicas para que respeten y garanticen los derechos de las mujeres.

Afortunadamente, dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 asumida por los Estados centroamericanos se han establecido metas que giran en torno de la construcción de sociedades basadas en la igualdad de género: desde la eliminación de prácticas nocivas y violentas, hasta el acceso a recursos económicos (tierra, herencias, crédito), pasando por empleo y educación, igualdad de oportunidades, derechos reproductivos, protección social y responsabilidades compartidas en el hogar y la familia.

Concretar las recomendaciones y los objetivos de desarrollo mencionados anteriormente, requerirá de una profunda reforma estructural de la política fiscal, siendo esta la columna vertebral que sustenta y expresa el proyecto de nación y el modelo de sociedad. Al hacer referencia a una política fiscal feminista, se asume que las decisiones, políticas y económicas, que definen el diseño, la ejecución y la evaluación de las acciones del Estado, la forma de recaudar los impuestos, ejecutar el gasto público y los mecanismos para rendir cuentas a la ciudadanía, obedecen a la búsqueda de una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres.

Una política fiscal feminista busca, mediante la justicia, elevar el bienestar de la sociedad en su conjunto desmantelando todas las formas de poder basadas en la exclusión. Asimismo, precisa reconocer la indivisibilidad del desarrollo tanto de las mujeres como de los hombres, con el progreso de su hogar, su familia, su comunidad, las empresas y, en general, el medio económico, político y natural en que se enmarca.

Lograr una fiscalidad feminista no es una tarea fácil, pero es urgente si se ambiciona una democracia plena.

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