El amparo es un medio de defensa contra actos arbitrarios del Estado o de particulares. Este recurso está establecido en la Constitución y en la ley de la materia, con el fin de proteger a las personas de las amenazas de violaciones a sus derechos inherentes e inviolables. Desde esa perspectiva, se concibe como una garantía en contra de cualquier arbitrariedad. El problema es cuando se abusa de este recurso y se convierte en litigio malicioso. Existen abogados que utilizan este proceso para entorpecer o paralizar la administración de la justicia en beneficio de personas poderosas que tienen cuentas pendientes con la justicia. Las autoridades judiciales también son responsables de este problema por las demoras prolongadas. Por ejemplo, una sentencia de amparo debería ser notificada a las partes en el término de un día, pero hay casos que esas notificaciones tardan meses en llegar.

En su libro El amparo para principiantes, el doctor Juan Carlos Medina Salas afirma que el amparo debe entenderse como un proceso constitucional y no como una simple acción. “Los tribunales que conozcan de la demanda de amparo tienen la obligación de admitirlo y tramitarlo el mismo día de su presentación, aceptando prima facie (a primera vista) que no hay ámbito que no sea susceptible de tal protección constitucional”, refiere el también ex magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). Al definirse como un medio de defensa del orden constitucional, señala Medina Salas, el amparo abarca lo referente a la libertad personal, declaraciones de inconstitucionalidad de leyes, medios para impugnar sentencias judiciales, reclamo administrativo y protección de los derechos sociales.

Según Medina Salas, este proceso es un respiro en un país donde el irrespeto de la autoridad es permanente y existe una cultura de autoritarismo que conduce a la injusticia, el atropello, la ilegalidad, la iniquidad, el abuso y la transgresión de cualquier autoridad contra cualquier persona. Ahora bien, el lado oscuro es cuando el amparo se utiliza para entorpecer la justicia y se convierte en litigio malicioso. El autor del libro refiere que solo en el 2011 ingresaron en la CC cinco mil 142 expedientes, y un año después más de seis mil, la mayoría de los cuales pretendía bloquear el acceso a la justicia. “Se ha confirmado que aprovechándose de la litigiocidad se pone en jaque a las cortes con la presentación excesiva de recursos e incidencias procesales, mientras se ejecutan grandes negocios a espaldas de los ciudadanos”, indica. Por ejemplo, el periódico digital Plaza Pública indica que durante años y mediante el uso de amparos, una red de abogados, médicos, asociaciones de pacientes y especialistas del IGSS han torcido la voluntad de esa institución para forzar la compra de medicamentos onerosos que no están en los listados básicos de más bajo costo.

En noviembre del 2017, Human Rights Watch dio a conocer un informe sobre la forma en que abogados han manipulado el amparo con el fin de proteger a personas poderosas, militares, políticos y empresarios, de la persecución penal e impedir que las víctimas de abusos obtengan justicia. Se sabe de la existencia de bufetes que se especializan en el abuso del amparo con el fin de bloquear casos o para obligar a sus clientes a pagar sus servicios profesionales por períodos más prolongados. Casos como las Dos Erres, La Línea, Bufete de la Impunidad, Plazas Fantasma y de militares corruptos, entre otros, han afrontado el litigio malicioso. A su vez, las autoridades judiciales son también responsables de esas demoras por el burocratismo o connivencia con los abogados para retardar los procesos que deberían resolverse en menos de un mes, pero se prolongan por más de 12 meses o más. Como se ve, un recurso de defensa de actos arbitrarios se utiliza para procurar impunidad.

@hshetemul