Caminaron por horas y venían de todo el país. Miles de hombres y mujeres del movimiento que integra a indígenas, campesinos y pueblos entraron al amanecer a la capital guatemalteca por los cuatro puntos cardinales. Venían a expresar pacíficamente su postura contra la corrupción, a favor de la Cicig y contra el gobierno de Jimmy Morales. Su manera de hablar es manifestar, porque no tienen participación ni en los espacios políticos ni en los económicos, ni en los mediáticos.

Al mismo tiempo que las cuatro columnas avanzaban, 2 mil 170 policías rodearon el Congreso, con el fin de brindar seguridad a 158 diputados y un “presidente” que llegaría horas más tarde. Varias cuadras a la redonda habían sido cerradas para impedir el paso de los manifestantes. Varios soldados y un grupo de kaibiles habían sido situados en distintos puntos del centro de la ciudad. Los kaibiles llevaban fusiles de asalto en las manos. ¿Quién dispararía primero y a la orden de qué oficial? ¿Qué protocolo seguirían en ese caso y por qué habían sacado a las calles a una unidad militar creada para matar, con todo y su equipo de asalto? ¿Dónde estaba la guerra? ¿A quién le temían tanto como para sacar a ese contingente armado? ¿No es ilegal, acaso, que el Ejército brinde acciones de resguardo en las manifestaciones ciudadanas? ¿No es su función cuidar las fronteras de toda amenaza externa? ¿O es que nuestra frontera se ha movido?

El “monopolio de la fuerza” es una facultad otorgada a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Por lo tanto, esos funcionarios deben tener principios que seguir, obligaciones y responsabilidades que cumplir en un marco de los derechos humanos. Cuando un funcionario se sobrepasa y hace uso de la fuerza de manera arbitraria, abusiva, ilícita, excesiva o intimidatoria, ese funcionario pierde legitimidad. Es justo lo que ha pasado con muchos funcionarios del gobierno del señor Morales en distintos momentos de su gestión. Ayer, lo hecho por Morales y Cía. durante las manifestaciones pacíficas constituyó la prueba reina de un gobierno que se excede y abusa del poder que les fuera otorgado.

Indigna que quien tiene las herramientas del poder en la mano abuse de ellas en contra de muchos más que lo único que pueden hacer es recorrer los caminos y calles de su país para hacer escuchar su voz. Nada queda más grabado en la memoria de cualquiera que vivir la injusticia y el abuso de poder en carne propia. Nada duele más que vivir indignamente, sin alimento, sin salud, sin educación, sin empleo digno, sin techo, sin descanso, sin justicia, sin un pedazo de tierra, sin oportunidades de desarrollo. Y el abuso de poder llega a tanto, que cuando levantan la voz para pedir que sus condiciones de vida mejoren les ponen las armas en la cara. Los del #PactoDeCorruptos siguen sin entender que no han entendido. Nadie quiere las caletas de los corruptos ni sus aviones ni sus privilegios, solo se quiere partir de una misma plataforma de dignidad, y que todos lleguen a vivir, algún día, una ciudadanía plena.

Quetzaltenango fue el primer lugar en declarar non grato a Morales, impidiéndole la entrada a aquel departamento. Se sumaron luego Sololá, Quiché, Totonicapán, varias diócesis y el Consejo Superior Universitario, entre muchos más. A quien ya perdió toda legitimidad solo le queda el uso de la fuerza. ¿Por qué los tanques en las calles en días pasados? ¿Por qué kaibiles y militares en una manifestación pacífica del pueblo? Convenientes infiltrados en las manifestaciones siempre ha habido, pero eso de ninguna manera justifica lo que vimos ayer.

La lógica de la guerra está en varios funcionarios de este carísimo e ilegítimo gobierno que nos cuesta cada día Q232 millones, de los cuales se pierden aproximadamente 70 diarios por corrupción. Viendo su intención de sacar a la Cicig y a su comisionado, la pregunta final sería ¿de qué lado está el miedo?

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