Jimmy Morales publicó dos videos el fin de semana recién pasado, a hurtadillas de los ciudadanos y de la prensa, para evitar cuestionamientos. El primero, una letanía de artículos y leyes pero sin suficientes argumentos, y oscuro para ir a tono con lo que anunciaba: la expulsión de Iván Velásquez, jefe de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). El segundo, entre banderas, interpretando a un busto que lee un mensaje con el fin de convencernos de que sus acciones, temerarias y antidemocráticamente proimpunidad, son por el bien de la Nación.

En esta trama política, él siempre ha sido un actor secundario, con personalidad mesiánica, un extra del que las fuerzas oscuras —que lo acompañan y lo catapultaron al gobierno— pueden prescindir en cualquier momento, con finales tales como su salida precipitada del Ejecutivo, su llegada al Mariscal Zavala, o un posible giro en la historia para intentar convertirlo en un efímero dictador latinoamericano. Obviamente, Morales, al intentar sacar al comisionado Velásquez, devela también sus intereses personales en favor de la impunidad, pues pesa sobre su hijo y su hermano un juicio, y sobre él, un proceso que podría quitarle la inmunidad y provocar, si las pruebas son contundentes, su destitución.

Pero los mayores ganadores de este capítulo, dedicado a luchar por la impunidad, son las estructuras que han capturado al Estado y cuyos accionistas y operadores siguen siendo Otto Pérez y Roxana Baldetti, Alejandro Sinibaldi, Douglas Charchal y Vladimir Aguilar, Armando Melgar, Edgar Ovalle y Ortega Menaldo, Marvin Montiel el Taquero, Erick Archila, Jack Cohen y Gustavo Alejos, y otros muchos. Espacio particular merece Ángel González, financiador ilícito de partidos políticos y cuyo poder mediático es tal que sus canales y radios tergiversaron el sentido de las manifestaciones del fin de semana, sosteniendo que se trataba de muestras a favor del presidente. He aquí una fauna particular de militares, asesinos, jueces y abogados de la impunidad, narcotraficantes, políticos y empresarios crecidos por la prostitución de lo público y con mucho poder. Los sindicatos de trabajadores públicos callados están siendo sus cómplices.

Del otro lado de la historia, multitud de personas se han estado gastando la voz y los zapatos desde 2015, exigiendo justicia y no más impunidad. Sumadas a las organizaciones campesinas, que llevan años en esta lucha, los ciudadanos están tomando las calles con la madurez para defender el trabajo del comisionado Velásquez, mientras exigen que se avance en los cambios estructurales que cierren la puerta del poder público a los delincuentes: reformas profundas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, al Sistema de Justicia, y a la forma en que el Estado distribuye el bienestar entre sus ciudadanos. También hay que dividir a los mafiosos del Mariscal Zavala y atrapar a los prófugos que apoyan y financian esta crisis.

Lo cierto es que lo que hoy está en disputa es la democracia. O nos unimos en contra de la impunidad y exigimos estos cambios o los criminales nos hacen retroceder hasta los años setenta. No se valen las medias tintas: empresarios, trabajadores, académicos, estudiantes, los ciudadanos debemos pronunciar un no rotundo a la impunidad. Morales debe comprender el contexto histórico en el que está e intentar corregir sus pasos y enfrentar decorosamente el proceso de antejuicio. Aún tiene tiempo. De lo contrario, su personaje terminará tras las rejas más temprano, como un Nerón moderno y trastornado, diciendo: ¡Qué gran artista sucumbe conmigo!

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