El salvaje, criminal y terrorífico ataque perpetrado ayer por mareros en el Hospital Roosevelt, a fin de liberar a otro criminal preso que debía acudir a ese centro para que le practicaran exámenes de laboratorio, debe ser repudiado por todos los sectores de manera unánime, y nadie, sobre todo los políticos, debe tratar de aprovecharse.

La muerte de siete personas, entre ellas dos niños, dos guardias del Sistema Penitenciario, dos trabajadores del hospital y un particular que asistía al centro hospitalario en busca de atención médica, requiere una amplia e inmediata investigación, porque hay varias interrogantes en torno a una citación médica aparentemente innecesaria que terminó en una tragedia.

Se debe esclarecer cómo pudo un pandillero, sentenciado por múltiples crímenes, lograr la aprobación judicial para acudir a exámenes rutinarios de laboratorio, para los cuales ni siquiera tendría que haber salido de la cárcel. Así se podrían aclarar otras irregularidades en casos similares.

También se debe indagar cómo supieron los compinches del criminal mencionado el día y la hora precisos en que sería conducido solo por dos guardias penitenciarios —quienes murieron acribillados— y cómo podían escapar en caso de ser copados por la Policía.

La sociedad también merece que se le explique cómo puede ser conducido un peligroso prisionero a un hospital con tan escasas medidas de seguridad sin refuerzos policiales, lo que evidentemente facilitaría no solo la fuga del delincuente, sino también el ataque mortífero de sicarios, que tienen el agravante de ser muy jóvenes o menores de edad, novicios delincuentes desalmados que asuelan al país, sobre todo en la capital y áreas circundantes.

Estas y muchas otras preguntas deben ser respondidas pronto. De allí pueden surgir luces para evitar nuevos hechos sangrientos como el ocurrido en el Hospital Roosevelt, sobre todo porque no es el primer ataque para rescatar a peligrosos delincuentes, con el resultado de pérdida de vidas. El anterior suceso igualmente sangriento ocurrió en el Hospital San Juan de Dios, durante un atentado con granadas militares de mareros contra otro pandillero.

En la medida en la que se esclarezcan algunas de estas incógnitas con la mayor prontitud, también se les quitarán herramientas a oportunistas de la política. El diputado Fernando Linares Beltranena cae en esta calidad al haber solicitado ya la interpelación del ministro de Gobernación, Francisco Rivas, con el obvio fin de ganar notoriedad. Rivas es quien reiteradamente ha denunciado la precariedad del Sistema Penitenciario, el cual tampoco ha sido ajeno a la rapiña de los recursos públicos.

En todo caso, este nuevo episodio de sangre desnuda la realidad de un Estado que se muestra impotente al embate de grupúsculos criminales y es en esa dirección que se deben buscar las respuestas porque el Sistema Penitenciario no es ajeno al cáncer que corroe la institucionalidad. El rechazo a esta matanza debe incluir a instituciones religiosas, académicas y aquellas interesadas en defender los derechos humanos. A siete guatemaltecos más, entre ellos dos niños, todos inocentes, ayer les fue arrancado el más grande de esos derechos: el de la vida.