El 25 de mayo de 1993 nos levantamos y la música de marimba sonaba en radios y tele. La cadena nacional y ese contexto nos advertían de que había, de nuevo, una crisis seria, un golpe de Estado, o algo por el estilo.

Jorge Serrano había ganado las elecciones a finales de 1990 y asumió la presidencia el 14 de enero de 1991. Sin partido fuerte, sin cuadros, sin mayor plan de trabajo, logró arrebatar el triunfo a la Unión del Centro Nacional, que llevaba como candidato a Jorge Carpio Nicolle, un reconocido empresario y dueño de uno de los mayores diarios de la época.

La Democracia Cristiana había gobernado el país por cinco años y en las elecciones quedó de tercero. Serrano, un político de derecha, presentó una opción de cambio y tolerancia, integró a su gabinete a dos excandidatos presidenciales, como Canciller a Álvaro Arzú y como ministro de Trabajo a Mario Solórzano. Arzú representaba a la “nueva derecha empresarial” y Solórzano, al socialismo democrático.

Serrano había propuesto dialogar con la guerrilla y buscar la paz. Sin dudas lograba catapultar un discurso de esperanza.

En 1992, Serrano cometió uno de sus grandes errores, al permitir que la partidocracia de aquel momento designara, con total impunidad, a la Corte Suprema de Justicia. De hecho, un exministro y diputado en aquel momento fue electo presidente de la misma, para luego, como era previsible, abusar del cargo.

El partido de Serrano no era más que un pequeño vehículo electoral, no tenía bancada significativa en el Congreso y, por supuesto, en la novena avenida se pavoneaban verdaderos capos de la corrupción que ya empezaban, por medio de citaciones exageradas, interpelaciones improvisadas y votos a cambio de cheques, el chantaje al Ejecutivo.

Serrano, dicen unos, se hartó del chantaje y con la ayuda de algunos abogados redactó una serie de normas por las cuales disolvía al Congreso, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, suspendía al procurador de los Derechos Humanos y pretendía, por medio de una consulta popular que organizaría el Tribunal Supremo Electoral, legitimar la maniobra. Por supuesto, limitó el ejercicio de los derechos y con ello censuró a la prensa. Prensa Libre no pudo circular al día siguiente porque los soldados lo impedían, Diario La Hora fue cercado porque al ser vespertino salía por la tarde, Siglo XXI salió, en una o dos ediciones épicas, con hojas en blanco y negro, y cambió su nombre por Siglo XIV. Revista Crónica fue confiscada.

La prensa, en aquel momento, fue el enemigo número uno del régimen. Roxana Baldetti fue censora, pero luego vicepresidenta apoyada por muchos censurados y por muchos que aún hoy hablan de república y democracia.

El serranazo se consolidaba. Llegó al extremo de nombrar una nueva Corte Suprema de Justicia y es mentira señalar que existieron amplias manifestaciones de protesta.

El serranazo fracasó porque nuestra Corte de Constitucionalidad jugó un papel de primer nivel en defensa del orden jurídico y dictó una sentencia de oficio en la cual invalidó las normas redactadas por los abogados del serranismo y junto con el papel que jugó el procurador de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral se pudo invalidar la usurpación.

Hoy, 24 años después ¿qué lección nos dejó aquella estupidez? Estamos seguros de que la construcción del Estado de Derecho es cuesta arriba y muchos le apuestan a la institucionalidad débil e inoperante, para salir de aquel momento de crisis política se hizo una reforma constitucional que destruyó, en una buena parte, al sistema de justicia. La pregunta del millón: ¿Queremos seguir igual?