Hay una élite económica mafiosa en Guatemala cuyo poder político, desde la colonia, es como un río subterráneo que siempre está corriendo —con nuevas aguas e inmundicias— y socavando los débiles pilares que sostienen la democracia y el desarrollo.

En los tiempos modernos esa élite rancia ha boicoteado el juicio por genocidio llevado a cabo contra Ríos Montt, recordándonos que aquel fue su aliado, su mayordomo, y que a pesar de haber sido un rebelde debían ayudar tanto como cuando le ofrecieron sus aviones y sus fincas para la guerra sanguinaria contra el pueblo, y sus conexiones políticas y empresariales para terminar con el aislamiento internacional. Después, la paz les pareció buen negocio porque, en contubernio con Arzú, terminarían reconfigurando el Estado para hacerlo efectivo en la garantía de sus particulares privilegios, y desmembrando el sector público para repartirse sus mejores partes: telefonía, electricidad, banca, educación, salud, seguridad, entre otras.

La oligarquía también ha obstaculizado reformas constitucionales en pro de la igualdad, reformas fiscales para contar con una administración pública más efectiva frente al reclamo social y menos dependiente de ellos. Ahora financian cancerberos, en las redes y en sus medios de comunicación, que ladran contra cualquiera que les critique o a quien abogue por los derechos humanos, la justicia y la memoria histórica. Defendieron a Otto Pérez tanto como pudieron; le han dicho públicamente a Jimmy Morales que es un estadista, que no es un político corrupto. Hablan maravillas de Honduras y Nicaragua, países en donde han encontrado estabilidad para hacer negocios; importándoles poco la violencia, la corrupción y el autoritarismo que sustenta estos modelos.

El financiamiento electoral ilícito proveniente de estos grupos de la élite empresarial —al igual que la captura de instituciones públicas, su desmesurada influencia mediática y el conflicto de intereses— es una de las corrientes más importantes de ese río subterráneo de poder privado que hasta ahora no había sido escudriñado por instituciones democráticas, y que les ha permitido organizar un modelo de crecimiento económico concentrador de la riqueza y sin interés por el bienestar social. El río no ha sido tan visible para los ciudadanos, pero sus consecuencias sí: pobreza, desempleo y bajos salarios, desigualdad, privilegios fiscales, impunidad y un sistema político y electoral corrompido.

Un grupo de estos empresarios se ha disculpado públicamente. Es de suponer que no son ni los únicos que han estado involucrados ni son los más deshonestos. Otros estarán accionando para que el Congreso les otorgue impunidad ante estos actos, mientras los peores estarán aconsejando a Jimmy Morales para que «resista» y aúnen todas las fuerzas que les quedan —políticos, sindicalistas y militares investigados por hechos de corrupción y violencia— para detener a cualquier precio la lucha contra la corrupción.

Más allá de las disculpas, lo cierto es que el río subterráneo de poder privado continúa ahí. Secar ese río de inmundicias requiere que los amos permitan a la justicia conocer sus caminos y desembocaduras. ¿Estos empresarios arrepentidos estarán dispuestos a algo así? Secar el río demanda definir un marco institucional que fomente un poder político democrático, mejor distribuido y más representativo; y lograr que el Estado sea el único financista de los partidos, para evitar su prostitución y fomentar organizaciones formales, transparentes, diversas en ideas y con capacidad de diseñar y plantear planes de gobierno.

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