Penoso quizá sea un calificativo que se quede muy corto para describir la situación del partido oficial y sobre todo de sus principales figuras, o por lo menos de quienes tras el triunfo electoral ocupan las posiciones de mayor relevancia para el manejo del Estado.

Un informe de auditoría del Tribunal Supremo Electoral permitió establecer que la agrupación electorera FCN-Nación no cumplió con informar sobre los numerosos aportes que recibió de sus financistas durante la segunda vuelta electoral de 2015, por lo cual fue presentada una denuncia en el Ministerio Público.

Eso motivó las primeras reacciones hilarantes de la máxima dirigencia. La primera de ellas, cuando el diputado Édgar Ovalle, secretario de la agrupación, declaró que no sabían del paradero de la contadora, lo cual solo puede ser entendido como una muestra de desfachatez e irresponsabilidad, por la trascendencia de la información requerida.

Posteriormente se supo que el presidente Jimmy Morales le habría dado instrucciones al diputado Ovalle para que cumpliera con lo requerido por el TSE, lo cual falta por ver. Hasta ahora el partido oficial ha avanzado con una marcada independencia en su agenda y más pareciera que son ellos quienes acuden al mandatario cuando necesitan de sus servicios. De esto pueden dar fe los numerosos diputados tránsfugas que convirtieron de la noche a la mañana a FCN-Nación en la mayor fuerza dentro del Congreso, muy a pesar de las promesas electorales hechas por el gobernante.

En esa saga de exabruptos se lleva la mayor parte el vicepresidente Jafeth Cabrera, quien ayer pretendió desvincularse de cualquier escándalo o problema legal, al afirmar que no tiene ninguna relación con esa peculiar agrupación partidaria y que a él simplemente le pidieron acompañar al candidato Morales en una fórmula política, cuando ni siquiera soñaban con alzarse con una victoria como la obtenida en 2015.

El ahora vicepresidente sí ha dejado claro que las irregularidades que el TSE ha denunciado en el MP corresponden a un período en que Jimmy Morales fungía como secretario general de FCN-Nación, por lo que si existieron hechos ilícitos, será el presidente quien esté obligado a responder ante las autoridades.

El oficialismo podrá argumentar novatez en varios de sus movimientos, pero muchos de quienes integran o están cerca de esa agrupación son cualquier cosa, menos inocentes. Es probable que la investigación que ahora está en poder del MP apenas abarque puras formalidades y omisiones imperdonables, y aunque existan delitos, quizá nunca se esclarezcan los alcances de un financiamiento irregular que habrían recibido los jerarcas del proyecto.

Quienes hoy enfrentan una seria acusación de las autoridades electorales debieran preocuparse por desvanecer de manera convincente los señalamientos, sin argumentos infantiles ni nuevas promesas, ni buscando tácticas dilatorias inverosímiles que solo apuntarían a complicar su situación. Serían el primer partido político en enfrentar una denuncia similar cuando ni siquiera cumple un año de haber asumido el poder.