La Organización de Estados Americanos (OEA)  tiene  por fines principales promover la paz y apoyar el desarrollo social y económico en  todos los pueblos americanos.

Por tanto, todo intento por colocar una camisa de hierro, a fuerza de balas, a un pueblo del Continente está fuera de sus principios rectores.

Estos días, sin embargo, con el fin de derrocar al Gobierno de Venezuela, está siendo promovida una intervención militar extranjera dirigida a terminar con el sistema político de ese país y destruir toda la organización política y militar que le sirve de apoyo.

Y el Gobierno de Guatemala, queriéndolo o sin querer, ha sumado su voto en instancias de la OEA, y fuera de ellas, a los propósitos intervencionistas. Pero, la intención del voto de Guatemala y el de once países más ha quedado, por de pronto, sepultada por una reacción mundial y de algunos miembros de la OEA, contraria a la guerra.

El Gobierno de Chile, que sigue respaldando con entusiasmo los reclamos de la oposición venezolana, reaccionó inmediatamente después de estallar la amenaza de sustituir la diplomacia y la política por el uso de las armas de fuego. “El Gobierno de Chile rechaza toda amenaza de una intervención en Venezuela”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz. Es la actitud que corresponde a Guatemala si el Gobierno no se olvida de la intervención militar sufrida en 1954.

Guatemala firmó la Declaración de Lima, en la que 12 cancilleres americanos declaran que Venezuela ya no es una democracia y que no son legítimos los actos que emanen de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Además, condena “la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente”. Declaración que tiene dos defectos, uno es que los Estados miembros de la OEA son 35 y de consiguiente, 12 cancilleres no representan bien a la OEA ni a los pueblos americanos. El otro es que los partidos venezolanos de oposición, favorecidos con la Declaración, especialmente con eso de “la falta de elecciones libres” resolvieron participar en las elecciones regionales que el oficialismo ha programado para el 17 de octubre próximo, y en las que serán electos 23 gobernadores. Esos partidos de oposición son: Alianza Bravo Pueblo, Copei, Fuerza Liberal, Gente Emergente, Izquierda Democrática, Moverse, Movimiento Republicano, Progreso Social, Proyecto Carabobo, Proyecto Venezuela, Unidos Para Venezuela, Unidad Noe, Unidad Visión Venezuela, Va Palante, Vente Venezuela, y Voluntad Popular, integrados en la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), triunfadora en diciembre de 2015. ¿Cómo quedan entonces los 12 cancilleres?

Se trata de los partidos que hace veinte meses ganaron abrumadoramente las elecciones de diputados, y convirtieron la Asamblea en un baluarte de la oposición y lo flaco de la Declaración es que hasta algunos destacados líderes de la oposición venezolana están entusiasmados con las próximas elecciones “sin supervisión internacional”. El diputado Henry Ramos Allup, por ejemplo, pronostica que la MUD ganará con un fenomenal torrente de votos, las 23 gobernaciones, y el oficialismo no ganará ni una. Algo difícil de creer; pero, lo que fue posible en 2015, ¿por qué no sería posible ahora?

Y para Venezuela, en todo caso, es mejor un torrente de votos, como dice Ramos, y no un torrente de muertos, como ocurriría con una intervención armada extranjera.