Como “antivalores” se conocen aquellos valores que se contraponen a los principios éticos que fueran convenidos para regular la vida en sociedad y que tienen, al menos durante cierto período histórico, un carácter y vigencia relativamente universal. Los antivalores suponen una forma de actuar incorrecta, inadecuada y socialmente indeseable que corroe la esencia misma de la sociedad. Los antivalores atentan y se oponen a todo lo que —al menos discursivamente— se ratifica como principios de vida deseables para una convivencia armoniosa: honestidad, respeto, tolerancia, lealtad, solidaridad, generosidad y gratitud, por citar algunos. La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge esos principios fundamentales de vida, al igual que lo hacen una amplia gama de religiones.

Cuando hay una brecha muy grande entre el discurso ético y la práctica de un individuo o de un grupo social, los anti-valores encuentran terreno fértil para prosperar y expandirse. Primero, a la sombra, y luego, expuestos abiertamente como nos está sucediendo ahora, cuando vemos a gente que otrora hubiéramos considerado honorable, salir en defensa de este orden social corrupto y pestilente que se ha destapado en estos últimos años producto de las acciones del MP y la CICIG. Arguyen la defensa de la “soberanía” de un Estado que sólo ha servido para enriquecer y defender los intereses de algunos particulares; y de una Constitución que nunca les ha importado en realidad.

La degradación social que vivimos hoy en día no se sembró hace dos años, ni hace cuatro o seis. Comenzó hace mucho. Estas prácticas generadoras de privilegios, impunidad y corrupción formaron al Estado que tenemos en la actualidad. Toda vez no fueran expuestas a la luz pública, no se tomaba a mal que la trampa y la transa fueran los mecanismos para el “éxito y el ascenso social” y para el enriquecimiento de funcionarios y empresarios. El gran “pecado” del momento ha sido exponer la gran podredumbre acumulada por décadas y que está saliendo a flote porque las cloacas comenzaron a ser destapadas.

Lo que resulta duro de asimilar es ver gente trabajando arduamente para que la deshonestidad, el irrespeto, la intolerancia, la deslealtad, la falta de solidaridad, el egoísmo, la avaricia y la ingratitud se “naturalicen” y que se restablezca y afiance este orden social corrupto y de los anti-valores que lo sustentan. El culmen de dicha institucionalización y “normalización” social se da cuando los anti-valores ya no solo logran anidarse en las prácticas e instituciones informales de la sociedad sino penetran en el marco legal formal del Estado. Es decir, se transforman —y oficializan— como el ethos social dominante.

Durante las últimas semanas hemos visto cómo el Pacto de Corruptos se ha afianzado. La ciudadanía que persiste indignada no está todavía suficientemente fortalecida ni organizada para hacer frente a este tremendo desafío por sí sola. Sin el concurso de otras fuerzas sociales, proclives a rescatar el país del profundo deterioro en que está sumergido, corremos un creciente riesgo de sumirnos nuevamente en otro período de profunda oscuridad. La tarea de depuración y reconfiguración del Estado no puede quedar sin terminar; no se vale simplemente atizar el hormiguero y luego dejar que arda.

Debemos renovar nuestro ánimo y seguir luchando por los cambios de fondo que necesitamos. No creo que tengamos mayor opción ya que caso contrario, Guatemala seguramente terminará consagrándose como una enorme cárcel de 108,000 kilómetros cuadrados, donde sólo los delincuentes caminarán libres e impunes por las calles, decidiendo el rumbo del país.

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