Las recientes acciones del Ministerio Público y la Cicig han evidenciado el carácter estructural de la corrupción en el país. Tanto las investigaciones contra Manuel Baldizón en la primera etapa del caso Odebrecht como el de los implicados en el caso Traficantes de influencias, deja ver los vasos comunicantes entre políticos, funcionarios de los tres poderes del Estado y empresarios para saquear los fondos públicos o para “aceitar” los procesos administrativos. La imagen que queda después de estas denuncias es que estamos frente a una cleptocracia organizada exclusivamente para hacer negocios sucios, en un cómodo entorno propiciado por la cultura del dejar hacer, dejar pasar, como el que expresan aquellos que llaman a bajar el volumen de la lucha contra la corrupción para evitar un mayor deterioro de la economía del país.

Los partidarios de esa cultura de tolerancia señalan que ciertos niveles de corrupción permiten un buen funcionamiento de la maquinaria pública en beneficio de la privada, digamos que la aceitan. Esa era, por ejemplo, la labor del grupo que supuestamente incluía entre sus miembros al diputado Felipe Alejos, primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, que ofrecía sus “servicios” para acelerar la devolución del crédito fiscal. Por supuesto, en la SAT había toda una estructura que entorpecía ese proceso y que de buena gana lo agilizaba cuando la banda había logrado captar a un cliente en el sector privado. El problema es que no son hechos aislados, sino fenómenos que se multiplican en todas las estructuras del Estado.

Estamos frente a una estructura de corrupción institucionalizada porque el funcionamiento de la administración pública pareciera girar en torno a esas relaciones rentistas que en Guatemala tuvieron su máxima expresión durante el gobierno del Partido Patriota. Hellman y Kaufmann (2011) también se refieren a la captura del Estado por parte de intereses económicos y de esa estructura política de alto nivel, cuya moneda de cambio es la extorsión. Si bien ahora hemos visto cómo los actores principales de estas mafias son dignatarios, como prefiere que se les denomine el diputado Arístides Crespo, también es cierto que dentro del concepto de captura del Estado se encuentran empresarios que, según Hellman y Kaufmann, procuran influir en las decisiones que adopta el Estado para obtener ventajas, a menudo imponiendo barreras a la competencia y que a la postre el impacto negativo que esto causa en el mercado se le achaca a la supuesta mala gestión gubernamental.

Ya vamos para dos años de investigaciones que han destapado casos paradigmáticos y se espera que esta situación continúe, al menos durante la gestión de Thelma Aldana. Las mafias han tratado de estructurar una respuesta que incluye a todos los involucrados en los casos. El articulador de la respuesta del #PactoDeCorruptos es el alcalde Álvaro Arzú, que en su estilo desafiante ha querido demostrar fuerza, frente a la debilidad del presidente Jimmy Morales, que ha fracasado en todos sus intentos por desmantelar la lucha contra la corrupción por conveniencia propia.

Sin embargo, debemos entender que la fiera está herida y responde temerosa porque está siendo cercada, acorralada. Esa es la razón de por qué han cometido tantos errores, como intentar echar del país al comisionado Iván Velásquez, estructurar una junta directiva del Congreso que se les cayó a pedazos o ahora tratar de desaforar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Tampoco ha tenido éxito la estrategia de tratar de ideologizar la lucha contra la corrupción al decir que es una conspiración comunista, porque corruptos hay en la derecha y la izquierda. Debemos entender que en esta lucha no hay medias tintas porque ocurre igual que en el caso de los crímenes de guerra, en el combate de la corrupción no hay borrón y cuenta nueva.

@hshetemul