Es tentación abusar del poder. El instinto natural al tener poder es el abuso, por eso se ha inventado una serie de conceptos e instituciones con el único objeto de someter el poder al imperio del derecho. La tarea es compleja, porque algunas veces el abuso se manifiesta con “tacuche” de ley o “traje” de sentencia, se aparenta legalidad, pero lo existente es la violación a derechos.

La diferencia entre Estado de Legalidad y Estado de Derecho es enorme. Por ejemplo, la Alemania Nazi era un Estado de Legalidad, se encarcelaba y asesinaba al pueblo judío, pero por concepto base, eso jamás puede ser derecho, aunque la ley lo permitía y obligaba.

Las sentencias pueden estar barnizadas con “legalidad”, pero por dentro pueden ser instrumentos de opresión. En la Guatemala de Ríos Montt existieron tribunales especiales y secretos, llamados de Fuero Especial; sus sentencias fueron “legales”, pero esos tribunales son el monumento más grande a la arbitrariedad y a la violación de la más elemental noción de debido proceso.

Los derechos no pueden someterse a decisión popular, tenemos derecho a nuestra libertad o a nuestra propiedad por el simple hecho de ser humanos, ninguna “mayoría” puede pasar sobre esos elementales conceptos, por eso los derechos de minorías jamás son plebiscitarios y los derechos individuales deben respetarse frente a todos.

Como es difícil pelear por el derecho, los suecos en 1809 establecieron en su constitución el “Ombudsman”, palabra que viene de la palabra “Imbud”, que significa protector o comisionado. Su función básica es prevenir conflictos para que no se llegue a la vía judicial. Si bien el término “conflicto” debe entenderse de manera extensa, nos circunscribimos a los conflictos entre los habitantes y el poder.

El Ombudsman existe en muchos países y en el nuestro es el Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Fuimos el primer país en América en constitucionalizarlo y esto apunta a nuestro favor, pero el desconocimiento y desprecio a los derechos humanos condiciona su próxima elección.

El PDH es también un contralor de la administración pública, vela para que la misma se conduzca dentro del derecho, pero no es juez, no es policía y tampoco es fiscal. Es un comisionado del Congreso para la protección de los derechos humanos y su fuerza radicará en el apoyo que se tenga desde el Legislativo —apoyo serio—.

Para nuestro país con un pasado de represión estatal descomunal y con congresos con miembros metidos en crímenes siempre causa duda la elección del PDH. Se sabe que algunos diputados solo buscan “chances” para sus allegados, cuotas de poder o favores, y esto es grave.

Pero hay un tema de fondo y agudo. Si sometiéramos a votación popular adoptar los tribunales de fuero especial, de seguro la mayoría decidiera instituirlos porque “así acabaríamos con los delincuentes y mareros”. Ese desprecio al derecho ajeno y entender al Estado como el gestor de la limpieza social nos tiene donde estamos.

El Ombudsman requiere apoyo social, pero si la sociedad desprecia el concepto de derechos humanos por desconocimiento o por lo que sea, debemos evidenciar que una violación a Javier, Juan o Joaquín es una amenaza para todos y esto es suficiente para fiscalizar a nuestro Congreso en la próxima elección de PDH y creer en el futuro. El pudor no abunda en el Legislativo y las amenazas son a granel.

Debe evaluarse la actitud de los postulantes frente a la protección de los DDHH, qué ha hecho en su vida y cómo ha defendido el derecho frente al abuso, qué ha sostenido de manera pública y cómo lo defiende. Todo lo demás vendrá por añadidura. Ojalá exista seriedad.