Con la decisión de no desaforar al diputado Luis Rabbé, ya sin derecho a antejuicio y actualmente prófugo de la justicia, refugiado en Nicaragua gracias a la ayuda de Daniel Ortega, el Congreso de la República realizó una acción muy cuestionable en la cual tuvieron participación diputados de todas las bancadas, cuya inicial consecuencia es aumentar aún más la mala imagen del Organismo Legislativo.

El presidente del Congreso, Mario Taracena, ya anunció su decisión de volver a solicitar ese desaforo, con lo que se avecina una batalla en la opinión pública, cuyo resultado es fácilmente predecible. Esto se debe a que en las últimas semanas han ocurrido maniobras como la de obligar al diputado oficialista Alsíder Arias a renunciar para darle blindaje a uno de los hombres más cercanos al presidente Jimmy Morales, el exmilitar Armando Melgar Padilla, a fin de protegerlo de acciones de la justicia.

Los diputados que se negaron a conocer el desaforo de Luis Rabbé no pueden explicar satisfactoriamente su decisión. Les será imposible evitar que la población vea esto como una manera de proteger a los ocho legisladores oficialistas que están a punto de perder sus curules como consecuencia de la acción iniciada por el Ministerio Público debido a los groseros insultos racistas y sexistas que propinaron a la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, quien igualmente fue obligada por quienes verdaderamente mandan en el actual gobierno a retirar la demanda, pero fue inefectivo porque el caso siguió su curso, en vista de que tal acción no los desvincula ni da por terminado el delito.

Ciertamente, los diputados creen que con ello se protegerán de acciones similares y no la defensa de Rabbé, cuya indignidad para el cargo resulta evidente, así como la de otros numerosos representantes. Sin embargo, esta posibilidad es remota y lo que sobresale es el deseo de taparse con una colcha que no garantiza nada. Si bien el desaforo para un diputado tiene entre sus requisitos la ausencia sin justificación a cuatro sesiones, no es menos cierto que esa sanción es la única que se puede realizar cuando se ha perdido el derecho de antejuicio y un juez ha emitido una orden de captura.

Por eso, la disyuntiva de los diputados es ejercer la posibilidad de tomar decisiones en situaciones que no son normales, como es el caso de la persecución penal contra uno de sus colegas, o poner como excusa muy útil una interpretación sin fundamento, porque su pretendida defensa es estéril, pues sobre cualquiera de ellos que quiera proceder la justicia esta obedecerá a criterios jurídicos que nada tienen que ver con las decisiones del Legislativo.

Como consecuencia de la disminución de la importancia del Ejecutivo en el panorama político nacional, el Congreso ha tenido un repunte de poder, pero con medidas como esta solamente retrocede a donde estaba, o incluso más atrás. La decisión es política, no politiquera, porque el Parlamento, en teoría, es la institución política más importante. Es devastadora para los diputados la imagen que presentan, al pretender obstruir la ley y aún creer que con sus acciones estarían garantizándose algún beneficio que les blinde de la justicia.