Las declaraciones de Thelma Aldana y de Iván Velásquez se convirtieron en un verdadero tsunami político, porque aunque se había rumorado que venían sorpresas, nadie sospechó la profundidad y seriedad de los hechos. El ambiente multisectorial guatemalteco estuvo ayer en una especie de estupefacción generalizada, mientras se hacían las consideraciones necesarias para comprenderlo, pues su importancia es comparable e incluso superior a lo ocurrido en los días previos al inicio de las multitudinarias manifestaciones del año pasado en el parque central.

Ese silencio no se puede mantener por más tiempo. Es urgente que diversos sectores que han actuado en ocasiones anteriores y por causas diferentes lo hagan esta vez manifestando su rechazo a las prácticas de incalculable e inimaginable corrupción de los cabecillas del gobierno patriotista. Obviamente, también a la grosera manipulación de los medios informativos de Ángel González, así como al ilegal financiamiento otorgado a la campaña de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, que fue luego ampliamente compensado con la adquisición de 240 millones de quetzales en espacios publicitarios.

La semana entrante debe comenzar con el conocimiento ciudadano del pensamiento de las entidades del sector privado, universidades, iglesias, sindicatos, grupos de derechos humanos y sectores de pensamiento de izquierda y derecha. Hasta ahora ninguno lo ha hecho y los criterios solamente han tenido presencia en las redes sociales, enviadas por ciudadanos individuales pertenecientes al grupo que comenzó a llamar el año pasado, con gran éxito, a la presencia popular en varios puntos de toda la República.

La sociedad guatemalteca no puede permitirse el lujo de que afuera del país se llegue a la conclusión de que desapareció el espíritu cívico despertado en el 2015 y que la lucha contra el monstruo de miles de cabezas conocido como corrupción es una tarea solamente de la Cicig y del MP, lo que podría ser indicio de que en el fondo no hay un genuino interés porque el cambio ocurra. Mientras, los afectados se pueden aferrar a que todo se reduce a un linchamiento político, en vez de entender que es el resultado de atacar y poner orden en quienes ahora enfrentan las consecuencias de unas acciones que por comunes y conocidas no habían perdido su calidad de ilegales.

Los delitos señalados el jueves están debidamente documentados y está garantizado su trayecto a los tribunales, hecho que constituye una novedad en un país donde la voracidad y la ambición desmedidas llegaron a cumbres increíbles y a extremos cada vez peores. Por aparte, la presión popular necesita manifestarse también para reducir en lo posible el tiempo de los juicios, para que no se conviertan en shows y se pierda todo.

Por mucho tiempo la sociedad ha reclamado acción contra los maleantes políticos y ahora que esta se presenta debe expresarse y las posiciones gremiales necesitan ser conocidas. No se justifica el miedo a manifestar la reprobación de ese modelo. La oportunidad es histórica y abre la puerta a la esperanza de un cambio real.