El pasado sábado les escribí sobre los transgénicos y sobre Monsanto, y hoy les amplío información de lo que está cocinándose en el Ministerio de Economía (Mineco), con querer que se apruebe desde allí la propuesta del reglamento técnico de bioseguridad de organismos vivos modificados para uso agropecuario. Nuevamente surge otro intento con el común denominador de Monsanto, relacionado al negocio de semillas transgénicas, afectando nuestra cultura, economía y modos de vida.

Mientras nosotros en Guatemala todavía estamos repasando el ingreso de Monsanto con sus transgénicos, en países más avanzados que conocen del daño que ocasiona les han cerrado la puerta.

Los transgénicos constituyen un alto riesgo a la salud, puesto que contienen porciones genéticas inestables. Estas son creadas con genes de resistencia a antibióticos y de resistencia a herbicidas. En países como India, México, Argentina, Estados Unidos, Canadá y otros se han comprobado riesgos en la agricultura que ahora les afectan. Ejemplos de ello son la proliferación de supermalezas, genes suicidas, muerte de polinizadores, pérdida de biodiversidad y variedades nativas, entre algunas.

Creí que habíamos ganado la batalla en el 2014, cuando se logró la derogatoria de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales (conocida como la Ley Monsanto). En esa ocasión se determinó que era lesiva a los intereses de la población guatemalteca al desestimarse un mecanismo de búsqueda de consentimiento libre e informado. Además, recordemos que los pueblos indígenas tienen derecho de mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales. Eso abarca sus ciencias, tecnologías y recursos humanos y genéticos. Específicamente abarca la potestad que tienen sobre sus semillas, medicinas naturales. Nuestras semillas, por ningún motivo, deben ser “manoseadas”.

Espero que el Mineco dé marcha atrás al reglamento, ya que, de no ser así, revivirá la aprobación a los transgénicos. Si pasa al Congreso, ojalá aún queden buenos diputados que tengan las agallas de abstenerse a ser parte de un plan tan absurdo, dañino y trasnochado.

El Popol Vuh reza entre líneas que el maíz es sagrado para los pueblos originarios. ¿Cómo entonces permitir que se alteren nuestras semillas? Cómo dice Juan Mario Dary: “¡No al maíz transgénico! Somos centro de endemismo de especies. Si viene el transgénico y arruina la genética y el proceso de elección natural, será como tirarse un tiro en el pie.”

Con este reglamento, nuestros agricultores nacionales estarían encadenados al pago por el uso de sus propias semillas, tal y como ya lo sufrieron los agricultores de Estados Unidos y México. Imaginen qué pobreza adicional traería a nuestros campesinos que para usar sus propias semillas deban pagar por ello. Si la Ley Monsanto pretendía la privatización de la vida, ¿pretendemos darle cabida?

La versión de UPOV 91, adoptada en 2014, lleva implicaciones nefastas para la protección de la agrobiodiversidad y los derechos de los agricultores del país, y el reglamento del Mineco parece ir en esa dirección. ¿Se prohibirá el uso del material de propagación de la variedad protegida por los agricultores y tendrán ellos que pagar por las semillas? En suma, ¿queremos volvernos esclavos de Monsanto?

El 30 de julio, el Mineco puso a consulta pública el Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para uso Agropecuario, y el plazo para recibir comentarios es de 60 días a partir de esa publicación. Tenemos que pronunciarnos ahora o nunca. Si no lo hacemos lo lamentaremos más tarde. Coménteme en FB: lossecretosmejorguardados.

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