De 1958 a 1963 Miguel Ydígoras Fuentes gobernó Guatemala. El militar selló una fuerte alianza con los grandes empresarios locales y no dudó en someterse a las directrices que el gobierno de Estados Unidos le impuso. A su gobierno se le atribuye haber fijado las bases de la corrupción en Guatemala, la cual llegaría a ser la peor tragedia social de nuestra historia contemporánea. Desde entonces hasta la fecha el modelo económico surgido, primario, dual, inestable y dependiente, se apuntaló en uno de los sistemas políticos más corruptos de América Latina.  Pero este matrimonio por conveniencia —lo económico/político—  perdió funcionalidad para los propietarios del mismo por dos fenómenos: 1. El pueblo, después de muchas decepciones, detectó que los politiqueros de turno jamás han tenido interés en promover los objetivos sociales mayoritarios y que el carburante que los anima es la corrupción abierta y descarada. 2. El crimen organizado (narcotráfico, contrabando y poderes paralelos) descubrió que también podía formar partidos políticos y promover sus propios candidatos. En esa extraña y compleja simbiosis, las alianzas ilícitas se tornaron borrosas hasta llegar al actual modelo en donde la “lealtad delictiva” sitúa a la mayoría de estos actores en contra de toda lucha orientada a combatir la corrupción, la impunidad y la cooptación del Estado. Un modelo político-económico que nació nutriéndose de la criminalidad jamás podrá trocarse hacia la legalidad por sí mismo. Está condenado a defender ese flagelo que le dio vida, lo alimentó y que lo llevó a monopolizar el poder durante largos 60 años: la corrupción.

Pero como bien expone el refrán: “Árbol que nace torcido, nadie lo endereza”. Y todo árbol torcido por gravedad tiende en algún momento a caer. Y este modelo corrupto llegó a su final. Ciertamente, las acciones implementadas en contra de la corrupción aceleraron su caída. Los politiqueros corruptos —en donde el Congreso se constituye como su principal congregación— están desesperados manipulando el carácter del antejuicio, legalizando el transfuguismo y desfigurando la ley electoral. Para los grandes empresarios —que amasaron inmensas fortunas— el modelo que promovieron y defendieron ya no les es funcional. El país está plagado de pobreza, lo que no constituye un mercado interno fuerte. La conflictividad y la potencial ingobernabilidad se han establecido en todo el territorio nacional, amenazando tanto al cultivo extensivo como las inversiones en minería e hidroeléctricas. Las extorsiones le limitan sus cada vez más reducidas ganancias. La red vial les hace imposible movilizar sus productos, hecho que han aprovechado con sorprendente capacidad las redes del contrabando. La productividad de la industria y los servicios ha caído. Mientras el modelo agroexportador pierde la batalla frente a un mundo globalizado e implacablemente competitivo. En síntesis, ese modelo económico/político que jamás respondió a los intereses y derechos de las mayorías del país se aproxima a su fin.

Dos conclusiones definitivas podemos exponer: 1. Si el país sigue “gobernado” por esos nefastos intereses, jamás podremos construir una Guatemala más justa, humana y democrática. 2. Solamente una nueva fuerza política y social, basada en un nuevo liderazgo y promotora de una profunda reforma del Estado, en armonía con una ciudadanía más responsable y fiscalizadora, podrán asegurar un verdadero cambio nacional. Los corruptos a partir de 1958 habrán amasado grandes fortunas, pero destruyeron al país. Expulsarlos del poder es nuestra principal tarea.

manuelvillacorta@yahoo.com