El sistema jurídico del país se afianzó el viernes pasado, cuando el alcalde capitalino Álvaro Arzú ya no pudo hacer uso de más triquiñuelas legales y debió presentarse ante una jueza pesquisidora, como parte de las acciones previas al evidentemente justificado proceso de antejuicio al díscolo funcionario, cuya foto con una expresión con mezcla de rabia, estupor e incredulidad, ocupó no solo las primeras planas de Prensa Libre y elPeriódico, sino miles de mensajes en las redes sociales. No tuvo éxito la estratagema de presentarse en camisa de manera súbita con el objeto de evitar la presencia del por él tan odiado gremio periodístico, y por ello los ciudadanos guatemaltecos tuvieron la oportunidad de observar un hecho positivo: la necesaria igualdad ante la ley.

El mensaje de la orden de la jueza Silvia Morales, del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, es positivo por sus particularidades. La primera consiste en la persistencia de la funcionaria judicial, porque esto demuestra el inicio de un cambio necesario para terminar con el nocivo criterio de considerar a los funcionarios públicos como personajes superiores, fuera del alcance de la ley, hecho doblemente negativo porque al tomar posición de sus cargos han jurado cumplirla y obligar a su cumplimiento. La segunda demuestra la inutilidad de tratar de burlar la ley por medio de todo tipo de cortapisas y de las tan comunes güizachadas solicitadas por personas cuya culpabilidad ellos mismos comprenden, y aplicadas por abogados dispuestos a beneficiar así a sus clientes.

Otro mensaje claro se refiere al riesgo tomado por todos aquellos funcionarios acostumbrados a la violencia verbal e incluso física, a los empellones y bofetadas. Todo el problema legal lo inició el propio alcalde, con sus bravuconadas características, sin haber tomado en cuenta, por ignorancia o por capricho, los efectos legales de actuar de manera irreflexiva y casi irracional. Por aparte, las características de la personalidad de quien ya fue funcionario de Romeo Lucas y de Jorge Serrano, así como presidente del país, no lo ayudan en nada. Si hubiera obedecido a la jueza desde el principio, el asunto no hubiera tenido los actuales resultados contraproducentes, porque haberse dirigido a la Corte de Constitucionalidad le provocó una derrota en toda la línea.

Aún faltan algunos pasos legales, previos a la decisión de la Sala Segunda de Apelaciones, para recomendar o no el retiro de la inmunidad al alcalde. Existe la posibilidad de una decisión positiva a sus intereses, pero no es muy sólida. Incluso si así fuera, es fortísimo el efecto al notoriamente exacerbado ego de un funcionario a quien las circunstancias le marcan la ruta al fin de una prolongada carrera política cuando termine el período para el cual fue electo en los últimos comicios, cada vez con un número menor de votos, y con el agravante de haber ganado esa elección porque su excompañero de gabinete Roberto González tomó la increíble decisión de no luchar por la alcaldía capitalina, sino por la presidencia, y con ello arriesgó su propia carrera política.

Los políticos del país, sin importar su partido, deben tomar en cuenta la necesidad de no actuar fuera de la ley, aunque sea en un discurso proselitista o cuando ya se ejerce el cargo o se ha aceptado uno por nombramiento. Es igualmente necesario convencerse de la igualdad ante la ley y del respeto a los ciudadanos, tanto en las decisiones institucionales como en la forma de dirigirse a ellos, así como de participar en todas las sesiones derivadas del ejercicio del cargo. A consecuencia indirecta del accionar del Ministerio Público y la Cicig, el ambiente ciudadano ha reducido su tolerancia a los abusos y las prepotencias, además de estar más pendiente al accionar de los funcionarios. No entenderlo se convierte en una prueba de poca o nula capacidad.