Estamos en un momento de definición. En una encrucijada. Lo que está en juego no es otra cosa que la defensa de la democracia, de la libertad y del estado de Derecho. La alternativa es la regresión autoritaria y el ejercicio despótico del poder. Esos son los dos caminos que se nos plantean ahora, no hay otros.

Es falsa la dicotomía respecto de que lo que nos enfrenta es el respaldo a un comisionado internacional o a un presidente. Es falso que lo que dirimimos sea la defensa o no de la soberanía del país o de quién define la política internacional del Estado. Es falso que un grupo de extranjeros “invitados” sea el causante de la polarización y que con su salida el país retomará “la calma”. Es falso que lo que se defiende son los intereses nacionales.

Lo que nos jugamos supera ampliamente esa disyuntiva artificial. Lo que está en disputa en este preciso instante es la restauración o no del viejo orden (político-económico-militar corrupto) que se intentó demoler y que puso en jaque al sistema en el 2015.

De regresar, de esto se trata. Los sectores de poder real intentan recuperar el control absoluto que habían empezado a perder y que estaba poniendo en riesgo sus intereses, sus privilegios, y, por supuesto, la impunidad bajo la que históricamente se han resguardado.

La estrategia de restauración no es improvisada. Se diseñó e instrumentó bajo cuatro pilares: el jurídico, el político, el internacional y el mediático. Y en cada uno de estos han ido cumpliendo sus objetivos. No estamos frente a acciones asiladas ni delante de una sumatoria de casualidades. Tenían previsto llegar hasta aquí, y hasta aquí han llegado. El modelo no era el “serranazo”, se cuidaron mucho de dar un golpe explícito. Fueron escalón por escalón, como en cámara lenta.

Por eso lo ocurrido este fin de semana, cuando se impidió el ingreso de un investigador de la Cicig a territorio nacional, no puede verse de forma aislada, reduccionista o, como dijo el ministro de Gobernación, como un asunto de carácter “administrativo”.

El pulso que libraron los sectores reales de poder —junto a Jimmy Morales y la camarilla con la que gobierna— no era solamente si el investigador colombiano podía entrar o no a nuestro país. El pulso es y sigue siendo si les es posible el rompimiento de todas las normas y la institucionalidad —incluidas las resoluciones del máximo tribunal nacional— sin que esto suponga un golpe de estado clásico. Por eso resulta crucial el papel que finalmente se decidió a jugar la actual Fiscal General, María Consuelo Porras, en defensa de la legalidad.

El valladar que enfrentan ahora es esa delgada línea que todavía no se han atrevido a cruzar (aunque les falta muy poco) de romper del todo el orden constitucional deshaciéndose de los tres “molestos” magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela, que han impedido la concreción absoluta de su estrategia de restauración.

Sí. Estamos frente a una degradación democrática progresiva. Frente a un pulso entre la libertad y el despotismo. Resolverlo a favor de la libertad y la democracia exige protagonismo popular, debate ciudadano, defensa del estado de Derecho, construcción de alternativas políticas y unidad.

Una crisis tiene dos grandes salidas posibles: la restauración del viejo orden que favorece siempre a las élites o una síntesis democrática superadora. Es momento de definir de qué lado de la historia queremos estar.

@MarielosMonzon