Esta semana inició una etapa más de la lucha contra los corruptos, con la captura de Álvaro Colom y buena parte de su gabinete por el caso del Transurbano. Con todo y que nos alegra que se esté persiguiendo a más personas por corrupción, considero que este caso nos debe llevar a reflexionar todavía más sobre los cambios que se deben hacer al sistema para combatir la corrupción y no solo a los corruptos. Si no, simplemente será el fin de estos corruptos pero la corrupción seguirá y llegarán nuevos corruptos.

Este es un caso largamente esperado por muchos y que de seguro todavía dé para variadas sorpresas más, como ya lo adelantaron en la conferencia de prensa la Fiscal General y el comisionado de la Cicig. Se debe continuar con la investigación y averiguar qué pasó con el dinero de la compra de los buses que no se compraron y quién se benefició de él. Pero no debe parar la cosa allí. Se debe investigar también a dónde fueron a parar los miles de millones de quetzales del “subsidio”, el cual se triplicó en el 2008 bajo los buenos auspicios de Manuel Baldizón, en ese momento diputado de la UNE y presidente de la Comisión de Finanzas. No debería extrañarnos que mucho de ese dinero fuera a parar a sus cuentas y que de allí se utilizaran para financiar las campañas políticas, alguna que otra mansión y carros de colección.

Este caso, al igual que la mayoría de los anteriores, deja al descubierto la podredumbre que ha habido toda la vida en la administración pública guatemalteca. A quienes hemos estado denunciándolo desde hace tiempo y que nos hemos asqueado de lo que hacen la mayoría de políticos, una buena cantidad de burócratas y una nube de “contratistas” y mercantilistas que pululan todo el tiempo alrededor del poder, no nos extrañan para nada tales “revelaciones”. Siempre ha sido así, lo que pasa es que antes se salían con la suya los pícaros ladrones.

Y aún sabiendo que la mayoría de imputados tienen sus manos sucias —si no por los casos en los que están siendo acusados actualmente, de seguro en otro montón de casos que ni se están investigando y probablemente nunca se investigarán—, considero importante insistir en que se debe guardar el debido proceso en todas las acusaciones. No por ellos, sino por usted y por mí, porque la razón de ser del debido proceso es evitar que un inocente vaya a pagar un crimen que no cometió.

Nadie está libre de ser acusado de cometer algún delito y de allí la importancia de las garantías procesales y el debido proceso. Por eso es que hasta el criminal más maldito debe tener la oportunidad de defenderse y debe ser vencido en juicio. El que ellos tengan esas garantías es esencial para garantizar la libertad de todos los demás. Por ello es bueno que ahora haya personas de todo el espectro ideológico acusadas, porque también permeará en muchos más la importancia del debido proceso.

Pero no debemos engañarnos. Como he repetido hasta el cansancio, una cosa es luchar contra los corruptos —que es la tarea, en teoría, del Ministerio Público y la Contraloría— y una muy distinta es luchar contra la corrupción. Esta última es tarea de los ciudadanos. Para ello debemos, primero, aclararnos las ideas y entender que la única forma sostenible de reducir la corrupción es limitando el campo de acción del Gobierno y el poder discrecional de que gozan los funcionarios. La alternativa es esperar que lleguen al Gobierno ungidos que no pequen aunque las arcas estén abiertas de par en par. ¿Cuál es la posibilidad de que eso pase? A juzgar por la historia mundial, hay más posibilidades de que nos ganemos la lotería Powerball. Y aún si lo vemos alguna vez, ¿qué posibilidades hay de que se repita? Prefiero mil veces luchar por cerrar las arcas.

Fb/jjliber