La destitución de Vilma Rousseff de la Presidencia de Brasil y la asunción inmediata de su anterior vicepresidente Michel Temer es un hecho que, no por esperado y de hecho prácticamente inevitable, fue dramático en la historia latinoamericana, porque se trata de un juicio político y debido a ello las principales razones fueron de esa naturaleza.

Poca duda cabe de que habrá bastante discusión al respecto durante mucho tiempo, y que conforme se vayan diluyendo las pasiones será posible analizar con serenidad la forma de actuar de la única mujer que ha ocupado el cargo de presidenta en ese país.

La hoy exgobernante siempre sostuvo su inocencia y se enfrentó con serenidad elegante y convicción a los senadores, a quienes acusó de estar a punto de cometer un golpe de Estado institucional. Eso es digno de señalarse porque constituye un insoslayable ejemplo para los mandatarios que en otros países deban enfrentar los efectos de la pérdida de popularidad, los graves problemas políticos y, sobre todo, las consecuencias de la corrupción de miembros importantes de un partido de gobierno.

Los políticos deben pagar con sanciones políticas los delitos de esta clase. Se debe señalar que hasta ahora no ha habido acusaciones directas de corrupción de la presidenta, como sí las hubo y las sigue habiendo en casos como los juicios a los exmandatarios guatemaltecos, provocados por el abierto quebrantamiento al orden legal.

Hasta ahora, el rechazo contra la decisión política del senado brasileño ha sido presentada por Raúl Castro, Rafael Correa, Evo Morales y Nicolás Maduro, cuarteta de políticos caracterizados por su autoritarismo, irrespeto o rechazo a las instituciones democráticas. Por eso le hacen en la vida práctica un flaco favor a Rousseff en los sectores políticamente serenos del continente.

Es un hecho que se aplicaron las leyes brasileñas al respecto, interpretadas de una manera que divide a los ciudadanos. Es un hecho también que la constante comisión de abusos y de malas prácticas de las leyes y de la relación entre instituciones estatales no puede ser considerada justificación. Y es un hecho adicional que las consecuencias de acciones irregulares en estas entidades alcanzan a las más altas autoridades, que aunque no siempre tienen culpabilidad directa, tampoco pueden soslayar su responsabilidad.

Es muy poco probable que la destitución no constituya la muerte política de Rousseff, y ello depende de que, como ella misma expresó en su propia defensa, con lo decidido ayer no necesariamente cambiarán las cosas. Sin embargo, su salida forzada se convirtió en una condición indispensable para la mayoría de brasileños, ya sea opuestos ideológicamente o ahora descontentos por los efectos de ese cambio. Falta ver si la predicción se cumple.

La carrera política de Rousseff transcurrió en un solo partido, lo que en el caso de Guatemala simplemente no ocurre, ante el vergonzante transfuguismo. Es muy temprano para saber qué ocurrirá en el corto plazo, pero es seguro que marca de manera positiva la historia latinoamericana y abre un proceso que tampoco será corto.