El desordenado proceso de transición en el que nos encontramos desde 2015 ha tenido como uno de sus ejes fundamentales la erradicación de la corrupción, pero no ha sido el único eje de importancia. Al debilitarse las normas que se aplicaban en el pasado, muchas veces de manera implícita o informal, y que abrían espacios para la corrupción, se han fortalecido las luchas por definir las nuevas normas o instituciones que las deben sustituir. Estas normas o instituciones pueden ser tan variadas como la ley que se aplica a las contrataciones, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos (LEPP), la forma en que se lleva a cabo la consulta contemplada por el Convenio 169 de la OIT, o el funcionamiento de instituciones como la Contraloría General de Cuentas o la SAT. Lo que se percibe en esta transición es la búsqueda de espacios de influencia, especialmente para determinar algunos rasgos básicos del Estado que va surgiendo como resultado de estas luchas.

El problema es que la construcción de un Estado eficaz, democrático y sujeto a una verdadera rendición de cuentas no está garantizada. Es más, el Estado está debilitándose. El poder judicial se ha fortalecido, con el apoyo de la CICIG y del MP, pero las diferencias sobre las reformas constitucionales y la falta de avance en este campo son un indicio de lo difícil que es progresar. Intereses gremiales mantienen posiciones de gran influencia. Y la gran polémica sobre la interpretación de los procesos de consulta referidos a las hidroeléctricas, caracterizados por un verdadero zigzag de resoluciones al respecto, no es fuente de un claro sentido de dirección.

No es de extrañar que la inversión privada ande por los suelos, y no solo la de los grandes empresarios. Ocurre lo mismo con emprendedores pequeños y de comunidades, con limitado acceso a capital y tecnología y con escaso apoyo público, y a quienes afecta negativamente la implementación arbitraria de la ley en el sector formal.

Las diferencias de interpretación sobre la Ley de Contrataciones y el temor de funcionarios de implementarla, ahora exacerbado por una Contraloría que no ha dudado en acusar de delitos a la mayor parte del Consejo de Ministros, es otra fuente de incertidumbre. El poder ejecutivo se debilita y se atrasará aún más la ejecución de proyectos de inversión pública. El propio presidente Morales ha favorecido el debilitamiento del poder ejecutivo al expresar públicamente cierto cuestionamiento de la SAT. No sorprendería que hubiera sido presionado por grandes empresarios no acostumbrados a rendirle cuentas a nadie, y menos a la entidad responsable de recaudar los impuestos que no quieren pagar.

Hace muchos años que la inversión pública y privada han sido muy bajas en Guatemala, mucho más bajas que en el resto de América Latina. Las actuales diferencias exacerban este problema, pero no son su origen. Un Estado ineficaz, sujeto a intereses particulares y a normas informales, impuestas arbitrariamente por grupos poderosos que ahora están debilitados, ha sido el origen de la baja inversión en el pasado. Y no ayuda ahora acudir a un enfoque de trincheras en que cada metro que se avanza o que se retrocede sobre diversas reformas sea el objeto de las más encarnizadas batallas.

Deberíamos apostar por una democracia abierta y vibrante, que ventile al opaco y rancio régimen político, ejemplificado por un Congreso inoperante, para abrirlo a una renovación total. A eso deberían apuntar las reformas de la LEPP. Así podremos proceder también a la renovación democrática del Estado, con un nuevo marco para impulsar una relación complementaria y dinámica entre la inversión pública y privada en beneficio de las mayorías guatemaltecas.

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