Lo mismo ocurre con los plazos perentorios fijados a los gobiernos del Triángulo Norte, a los que se les exige frenar la migración irregular, como si esta fuera una posibilidad que pueda cumplirse en un corto tiempo. Para que eso ocurra deben implementarse muchos otros procesos para terminar con las causas que empujan a miles de centroamericanos a tratar de buscar su ingreso a cualquier costo de manera ilegal a Estados Unidos.

Es seguro que la institucionalidad estadounidense puede cumplir de mejor manera los fallos judiciales, como el que frenó la política trumpeana de separación de familias. Aunque el plazo se cumplió y las autoridades no pudieron acatar el fallo judicial, será cuestión de tiempo para que los niños separados puedan unirse a sus padres en un plazo evidentemente más largo.

A los países del Triángulo Norte afectados por este dramático flujo de personas les llevará más tiempo, aunque también serán necesarias no solo renovadas presiones, sino también un profundo acompañamiento para cambiar dolorosas realidades, como la violencia, la falta de oportunidades y la corrupción, a la cabeza de la lista de factores que influyen en ese éxodo.

Mientras la diplomacia estadounidense no presione por cambios en las condiciones que favorecen la migración irregular, las estadísticas pueden continuar arrojando datos inconcebibles, en los cuales Guatemala lleva una de las peores partes, como ocurre ahora, que de 465 niños separados, apenas 15 han sido reubicados con sus familiares, según la Cancillería guatemalteca.

Es claro que las políticas migratorias estadounidenses se recrudecerán y por eso se debe insistir en atacar de manera frontal la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas. De otra manera la problemática para millones de habitantes del Triángulo Norte de Centroamérica solo se trasladará a otros países, mientras en este territorio cohabiten de manera displicente diversas y crueles expresiones criminales.

Hoy se dice que el ilegal tráfico de personas también está alcanzado cifras inconcebibles, como llegar a pagar 100 mil quetzales a las bandas de coyotes para que trasladen a una persona a la frontera sur de Estados Unidos. Esto ha provocado hilarantes afirmaciones como las de pensar que los emigrantes son gente con dinero, sin atender las extremas condiciones a las que se llega para incurrir en semejante osadía.

La tarea ineludible para Washington es acrecentar las presiones sobre las más altas esferas de poder de estos tres países, por ser el eje desde el cual puede empezar un cambio respecto de la criminalidad o de una cultura de abierta connivencia y tolerancia hacia graves negocios ilícitos, como el narcotráfico o las extorsiones, que florecen al amparo de la corrupción.