El lamentable estado en que se encuentra la red vial afecta la economía del país y el tránsito de vehículos de todo tipo. Es innegable que las carreteras no han estado entre las prioridades de las anteriores administraciones y que este gobierno recibió esa herencia. Sin embargo, el Ministerio de Comunicaciones (CIV) no ha hecho mayor cosa, lo cual se refleja en una baja ejecución presupuestaria y ha dejado que las carreteras se destruyan más. En varias partes del país ya no podemos hablar de carreteras, sino de caminos sinuosos, donde los vehículos se deterioran y se duplica o triplica el tiempo de tránsito. Estamos frente a una catástrofe que ahora se complica por las intensas lluvias, y lo peor es que esa situación se reflejará en alza de precios por el aumento en el costo del transporte. Y aquí es donde surge una interrogante: ¿Será que el objetivo es que las carreteras se dañen más para hacer creer que la privatización es la mejor solución?

Según un estudio de Gisystems, hasta el 2012 el deterioro de la red vial fue lento y poco visible y tenía una calificación de 76.5 puntos sobre cien, una buena nota. A partir de ese año, el deterioro fue acelerado. En el 2015 la calificación había caído a 54.2, tendencia que bajó en el 2016 a 50.43 puntos. El período entre 2012 y 2015 coincide con el gobierno del Partido Patriota, pero el problema es que esa tendencia de deterioro acelerado continuó con la actual gestión, que ha llevado la infraestructura vial a un nivel de desastre, no hay otra forma de definirlo. El sector empresarial ya ha pedido la destitución del ministro Aldo García, pero este se mantiene en su puesto sin que dé señales de un mejor trabajo. Entre los efectos de esta situación está el anuncio de la Federación Centroamericana de Transporte, que aplicará un 15 por ciento de aumento en el trasiego de mercadería, lo cual será trasladado a los consumidores.

¿Cuál es la solución? El ministro García afirmó: “Las carreteras son un servicio y para tener un servicio hay que pagar por medio del peaje”. Cuando uno escucha estas declaraciones entiende el problema de la improvisación de funcionarios del gabinete o que existe una agenda oculta para privatizar la red vial. Veamos, las carreteras son un bien público de uso común. Hay que recordarle al ministro que los guatemaltecos pagamos impuestos y que el Estado tiene la obligación de construir y dar mantenimiento a las carreteras que no son propiedad privada. Además, a los combustibles les aplican varios tributos, uno de ellos, del 1 por ciento por cada galón, se lo entregan al CIV como fondo privativo para la conservación y mejoramiento de la red vial, que incluye caminos rurales.

¿Por qué se han dejado en abandono las carreteras? Eso es algo que debería preocuparle al presidente, porque la catástrofe aumenta con la destrucción de puentes por la constante lluvia. La solución que ve el Ejecutivo es declarar el estado de Calamidad para tener acceso a más fondos para cubrir la emergencia. De nueva cuenta viene el interés de echar mano a recursos sin controles, porque, según el mandatario, eso le ha atado las manos para poder invertir. El problema es que este gobierno tampoco se ha distinguido por el uso óptimo del presupuesto. En septiembre pasado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, dirigido por el general Luis Miguel Ralda, compró dos puentes de metal a razón de Q20.5 millones, cada uno, cuando el CIV los compraba a Q14 millones, cada uno. La adquisición sobrevalorada la hizo con la empresa del hermano del alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, quien a su vez le abrió las puertas del apoyo de la Asociación Nacional de Municipalidades al presidente. En lugar de investigar esa irregularidad, el general Ralda fue nombrado ministro de la Defensa. Así, ¿cómo podemos confiar en que el presupuesto no lo harán piñata?

@hshetemul