El polémico proceso de antejuicio, que buscaba esclarecer si el presidente Jimmy Morales recibió fondos ilícitos durante la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia en el 2015, no logró avanzar ayer en el Congreso, donde apenas 25 diputados votaron a favor de que se le levantara la inmunidad y quedara bajo investigación de los órganos jurisdiccionales.

Era previsible, porque se sabía de las intensas negociaciones entre bancadas para que el antejuicio no prosperara. Pero también debe verse como el resultado del informe de la comisión pesquisidora, que tampoco fue contundente, y aunque sus integrantes habían sugerido que el mandatario quedara a disposición de la justicia común, el mismo también sembraba la duda sobre las motivaciones de los entes de investigación sobre dicho proceso.

La maquinaria oficialista tuvo un triunfo que no puede calificarse de rotundo, ni mucho menos considerarse que los esfuerzos están encaminados en torno a la protección del presidente, quien más bien ha servido de pretexto para detener una lucha contra la corrupción que por ahora ha tenido un revés.

Ni siquiera debe verse la escuálida votación de ayer como un respaldo al mandatario, ni mucho menos como un acto absolutorio, porque por ahora simplemente se ha bloqueado toda posibilidad de una investigación independiente, y eso en poco ayuda a purificar la imagen de Morales, quien agrega una mancha a su mandato.

El ambiguo informe de la comisión pesquisidora hacía vislumbrar un desenlace como el de ayer, porque desde la mañana del domingo se pretendió engañar a los medios de comunicación independientes haciéndoles creer que se pediría una prórroga, y pocos minutos antes de que se venciera el plazo, en la oscuridad de la noche, fue entregado el informe en la Dirección Legislativa.

El resultado tampoco debe verse con espíritu triunfalista, pues también es generalizada la percepción de que esto constituye un retroceso en la lucha contra la corrupción. Quien se alzó con la Presidencia gracias a un lema que encajaba con esas aspiraciones ciudadanas, ahora está en entredicho, al punto que para la Comunidad Internacional es visto como una persona que se interpone en la lucha contra ese flagelo.

El presidente Morales simplemente ha ganado tiempo, y a los guatemaltecos eso les puede salir caro, primero porque ya es notorio el pago de favores establecido en el presupuesto para el 2018, principalmente en el ramo de la construcción, donde casi se duplicó el presupuesto al Ministerio de Comunicaciones, pero también en la respuesta que dará la Comunidad Internacional, claramente comprometida en la lucha contra la corrupción.

Es inevitable que así ocurra, porque Guatemala ocupa una posición geoestratégica de mucha relevancia, y en un país donde la corrupción está desbordada desde hace mucho tiempo, eso constituye una amenaza para la institucionalidad, para el fortalecimiento del estado de Derecho y hasta para la seguridad de otras naciones, entre las que se destaca grandemente nuestro principal socio comercial.