El barón de Montesquieu tuvo el mérito de plantear desde 1748 la necesidad de contar con Estados sujetos a la división de poderes de acuerdo con sus funciones: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial.  Era necesario contar con gobiernos “moderados”, no sujetos al despotismo: se evitaría el abuso mediante la conformación de tres poderes —en vez de uno solo— que limitaran su poder de manera recíproca. La Constitución de los Estados Unidos fue la primera en incorporar este principio.

En Guatemala tuvimos un poder ejecutivo que abusó de su autoridad, lo cual quedó claramente en evidencia en el 2015. Pero ya en ese momento también quedó clara la ambivalencia del poder legislativo: le costó abandonar su función de “cómplice” y jugar un papel de contrapeso. Sólo aceptó pedir la renuncia de Otto Pérez ante la abrumadora fuerza de diversos y poderosos actores, incluyendo masivas manifestaciones populares, que entonces la exigían.

Y, como se sabe, el Congreso electo en 2015 no estuvo sujeto a una amplia renovación. Los partidos políticos dominantes y otros sectores conservadores prefirieron realizar las elecciones regidas por las mismas leyes de siempre.

Ahora estamos pagando la falta de renovación del poder legislativo. El abuso del poder ya no proviene del poder ejecutivo, con el cual generalmente se asocia el despotismo. Lo que se percibe es un Congreso que combina dos ingredientes que le dan fuerza y que utilizan para abusar del poder. Por una parte, el hecho que la Constitución de 1985 se negoció en un momento de gran rechazo a la historia de 15 años de virtual dictadura militar generó una comprensible desconfianza del poder ejecutivo, hasta entonces dominado de manera autoritaria por generales de distinto tipo. Ello se reflejó en una Asamblea Constituyente que en 1985 le restó competencias al poder ejecutivo. Por la vía de la nueva Constitución le trasladó importantes competencias al poder legislativo e incluso a autoridades locales, y esto último dio lugar a una costosa y corrupta descentralización que en su momento no reconoció las realidades del poder local.

Pero lo más grave fue el desbalance de poderes generado como consecuencia de las atribuciones que se le asignaron al Congreso, que superan las facultades que tienen poderes legislativos de otros países. Pueden modificar el presupuesto nacional a su sabor y antojo, incluyendo los presupuestos de los otros poderes o entidades autónomas como la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. Pueden interpelar a ministros sin criterios claros, y pueden incidir de manera decisiva en el nombramiento de diversas autoridades gubernamentales, incluyendo al Contralor y a diversos magistrados.

Por otra parte, a lo anterior se agrega ahora una voluntad de los actuales diputados de aprovechar este poder al máximo para asegurar su permanencia como casta política. Dos ámbitos de acción son ilustrativos. Primero, las reformas constitucionales fueron rechazadas no con base en sofisticados argumentos jurídicos sino simplemente porque creyeron que podría fortalecer al poder judicial, lo cual amenazaría el actual desbalance de poderes que favorece al Congreso. Segundo, las maniobras de diputados —denunciado por Nómada— para erosionar la autonomía del Tribunal Supremo Electoral, va aún más allá de mantener el actual desequilibrio de poderes. Busca fortalecerlo aún más por la vía de la consolidación del podrido sistema de partidos que prevalece en el Congreso.

Para Montesquieu la existencia de tres poderes no era una formalidad institucional. Debía estar respaldada por una población que con confianza y vigor asegurara que la separación de poderes funcionara adecuadamente. Tendría una apreciación sumamente crítica de cómo funciona en Guatemala actualmente.

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