La remoción del superintendente de la SAT es un indicador de debilidad institucional de Guatemala, que afectará negativamente las expectativas de inversión, especialmente extranjera, e incidirá negativamente en las evaluaciones de las calificadoras de riesgo.  Pero el índice de Doing Business, elaborado por el Banco Mundial, no lo reflejará: en realidad no mide el clima de negocios.   Al colocar a Guatemala en el lugar 97 tanto en el informe de 2018 como en el de 2017 no reflejó el deterioro de las expectativas de inversión —y la desaceleración del crédito para el sector privado— el año pasado.

El índice de Doing Business tampoco debe tomarse como base para orientar las políticas para promover la inversión. Ha habido serios cuestionamientos del índice hechos desde hace tiempo por entidades tan variadas como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la revista The Economist.

La más reciente polémica desatada por el economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, al pedirle disculpas al Gobierno de Chile por el inadecuado uso del índice, ha vuelto a poner sobre el tapete sus limitaciones. El Banco Mundial ha ido ajustando la manera de medir el índice y uno de los resultados de estos cambios fue el deterioro de la posición de Chile en el ordenamiento mundial del índice. Ello motivó una severa denuncia por parte del gobierno de este país, que después de la aclaración de diferencias existentes dentro del Banco, finalmente condujo a una seria disculpa por parte de las autoridades del Banco Mundial hecha al ministro de Hacienda de Chile.

En realidad el informe de Doing Business es solamente un análisis comparativo de la forma en que es aplican regulaciones. Mide cómo se realiza la apertura de una empresa, el manejo de permisos de construcción, la obtención de electricidad —no el acceso continuo—, el registro de propiedades, la obtención de crédito, la protección de inversionistas minoritarios, el pago de impuestos, el comercio transfronterizo, el cumplimiento de contratos y la resolución de insolvencia. Pueden condicionar la operación de empresas pero no son necesariamente los determinantes principales de una inversión.

Los determinantes de la inversión privada, nacional y extranjera, incluyen la coherencia de la estrategia de desarrollo, la fortaleza institucional, la seguridad, la independencia del poder judicial, las perspectivas de crecimiento económico del país en cuestión, el acceso a recursos naturales, el tamaño del mercado o el acceso a mercados externos, la disponibilidad de mano de obra calificada y de crédito y la calidad de la infraestructura. Este índice no los mide. Además, como lo han hecho notar numerosos críticos, muchas regulaciones son necesarias y en ocasiones pareciera que el índice se interpreta como la base para sugerir su eliminación. Ha ocurrido con las normas laborales que, ante las polémicas desatadas sobre este tema, ya no fueron evaluadas en el último informe de Doing Business.

El Doing Business puede tener un impacto político negativo, como parece haber ocurrido en Chile que, al documentar un deterioro de la calificación, fue aprovechado por la oposición al Gobierno para criticarlo. Pero en la práctica no mide los determinantes más importantes de la inversión; es solo una comparación de cómo se aplican regulaciones. En Guatemala el estado de las carreteras, la seguridad, el acceso a un sistema de justicia independiente y la disponibilidad de trabajadores calificados son determinantes más importantes de la inversión que la forma en que se aplican ciertas regulaciones. Si se pretende impulsar la inversión privada, nacional y extranjera, el informe de Doing Business no debería servir como referencia principal para hacerlo.

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