El bendecir se ha generalizado en la población. Los diputados corruptos, los jueces prevaricadores, los profesionales sin ética, los vendedores de baratijas, los asaltantes etc. Todos bendicen. Así, sorprende que en esa población supuestamente tan piadosa resulte un ataque artero contra una congregación religiosa.

La Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa Antioqueña de Guatemala ha sufrido un embate por parte de la Procuraduría General de la Nación. Al Hogar Rafael Ayau, el orfanato más antiguo del país, fundado en 1857, y a la primera parroquia ortodoxa, se les desahucia.

El hogar se administra por la Igumeni, abadesa, Inés Ayau, quien es descendiente del fundador. Alberga 11 adolescentes sin hogar, funciona la escuela pública dedicada a educación especial con 80 alumnos y un taller de entrenamiento en artes industriales que atiende a cien muchachos. El solar fue concedido en usufructo.

A los católicos romanos y los ortodoxos los diferencia la filioque. Los católicos añadieron al Credo de Nicea de 325 la fórmula de que el Espíritu Santo también proviene del Hijo.

El origen de la actual congregación ortodoxa se debe al descontento de dos monjas católicas romanas, las madres Inés Ayau y María Amistoso, contra la prédica social influenciada por la teología de la liberación. Así prefirieron profesar entre los ortodoxos.

No existe base para atribuir la instigación de ese embate a católicos romanos y otras creencias existentes en el país. No obstante, se sospecha de ciertos militantes de iglesias animadas desde el Bible belt de EE. UU., base ideológica del presidente Donald Trump y con influencia obvia en el actual gobierno.

Estos fundamentalistas solicitaron a la procuradora general de la Nación, Annabella Morfín, un requerimiento abusivo sin base legal. Esta procedió sin haber ofrecido audiencia a las monjas ortodoxas y ordenó el desalojo del solar.

Morfín actúa políticamente entre los abogados egresados de universidades católicas y en el Centro de Defensa de la Constitución.

Conocido es su desempeño errático en el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). En mayo del año pasado ganó su nombramiento al prometer que despojaría a la naviera Maersk del usufructo del muelle marítimo, pese a que se ofrecía compensar al Estado por el lucro cesante que causó el primer adquiriente con la complicidad del binomio presidencial Pérez y Baldetti.

Luego de negociar con esa naviera resultó que ordenaba al Congreso otorgar una concesión para normalizar la operación. Solo consiguió inseguridad jurídica en las facilidades portuarias del país.

Posteriormente, en la desdicha del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el cual perdieron la vida más de cuarenta niñas, la funcionaria figuró entre quienes decidieron abandonar las instalaciones.

Esa actuación bizarra se explica porque busca esconder su responsabilidad en la degradación de esos servicios. A falta de descarga alguna, para tamaña necedad, la procuradora Morfín ha indicado que esos edificios están endemoniados.

Si los integrantes de los organismos del Estado ingresan a disputas religiosas, solo se acarreará la enemistad de la ciudadanía. Se debe respetar toda expresión religiosa y proteger la colaboración que prestan en los servicios públicos.

Ningún funcionario debiese explicar su actuación sobre bases religiosas y mucho menos, actuar justificándose en esas creencias; debe hacerse basado en la utilidad pública y el consenso de la ciudadanía. Señora, dimita y, por favor, deje de bendecir.

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