Cuatro preguntas contestó el pueblo peruano, la primera: ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?; la segunda: ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?; la tercera: ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? y, por último: ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

En Perú, los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski son procesados por la justicia penal y todos vinculados con corrupción. El actual mandatario, Martín Vizcarra, no fue electo de manera directa, era el vicepresidente de Kuczynski, y al haber este renunciado tuvo que subir al sillón presidencial. En este contexto se enfrenta a un Congreso dominado por la oposición y a la vez existe un ambiente político tenso porque el fujimorismo, que tiene un aceptable apoyo popular a pesar de ser la encarnación de la dictadura —como lo que sucede en Guatemala, solo que con otros apellidos—, también enfrenta procesos penales e investigaciones por corrupción y abuso.

Vizcarra entendió el momento en el cual le toca dirigir el país y por eso es sano hacer el paralelismo con lo que ocurre en Guatemala, pregunta por pregunta.

Los guatemaltecos tuvimos hace dos años una propuesta de reforma constitucional y dentro del paquete se proponía la conformación de un nuevo órgano dentro del sistema de justicia, con el objeto de que el Congreso ya no tuviera cheque en blanco para elegir magistrados cada cinco años, como juegan ahora las reglas —acá ni consejo de magistratura hemos tenido—, los magistrados de apelaciones estarían electos por plazo indefinido y se instituía un nuevo sistema de disciplina judicial y evaluación del desempeño. Así mismo, para ser magistrado de la Corte Suprema se atendería a razones de especialidad y así se respetaría una lógica elemental. El statu quo salió dando el grito al cielo y diputados oficialistas junto al presidente boicotearon el esfuerzo. Hoy, Arzú, Alejos, Galdámez y otros miembros de la Junta Directiva andan a la caza de magistrados para el próximo año, y por supuesto la UNE, la otra gran bancada, busca los suyos. Si esto es construir república, seguramente reprobamos.

La segunda pregunta es similar al caso guatemalteco, el financiamiento a los partidos políticos nos ha tenido ocupados buena parte de los últimos dos años. La interrogante es: ¿somos serios en nuestro proceso? Desde mi punto de vista, no; parches para la reforma electoral, una estupidez del Congreso en la reforma al Código Penal más peligrosa que hemos tenido al haberse “equivocado” los diputados y hacer excarcelables decenas de delitos para terminar con una modificación al famoso artículo 407 “N” —financiamiento ilícito—, que a la fecha el sistema discutirá si es un borrón y cuenta nueva o solo una pena más benigna.

La tercera interrogante fue un claro mensaje de poder a los congresistas: el pueblo peruano no quiere reelección. La decisión puede resultar difícil y gravosa, pero en la coyuntura se entiende; y por último, también allá en el sur se apoyó al mensaje presidencial y se logró el rechazo para instituir el bicameralismo, así que se quedan con el unicameralismo, lo cual es lógico cuando allá, como acá, el descrédito del Legislativo es fuerte.

Perú propone cuestiones concretas y con apoyo político, en Guatemala el presidente, el Congreso y la Corte Suprema no proponen nada y cuando se plantea lo vetan, lo más fregado es que grupos tradicionales de influencia apoyan el ejercicio indolente y abusivo del poder en Guatemala para luego, en foros internacionales, hablar de República y certeza jurídica. Los peruanos nos dan un ejemplo, ojalá lo entendamos.

@Alex_balsells