Las cuatro capturas de exdiputados y las siete solicitudes de retiro de la inmunidad a igual número de parlamentarios pusieron nuevamente sobre la mesa la podredumbre del sistema de partidos políticos en el país. Aunque la responsabilidad penal es individual, este nuevo caso presentado por el MP y la Cicig lo que muestra es la corrupción del sistema y la manera en que las agrupaciones políticas se han convertido en redes de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, por decir lo menos.

Lo vimos recientemente con los casos La Línea y TCQ, que mostraron cómo el Partido Patriota se constituyó en una red político-económica ilícita (RPEI) para saquear al Estado y volvemos a constatarlo al conocer apenas los primeros detalles de la investigación sobre plazas fantasmas y contrataciones irregulares presentada la semana pasada. De acuerdo con una publicación de Prensa Libre, el monto que obtuvieron los miembros de la anterior junta directiva del Congreso a través de estas contrataciones fue de Q25 millones en un año.

Si la anterior investigación presentada por el MP y la Cicig, que tiene en prisión preventiva al expresidente del Congreso Pedro Muadi, había revelado el modus operandi utilizado por los políticos para agenciarse de dinero de las arcas del Legislativo, este nuevo caso lo confirma y pone de manifiesto que el interés primordial de la gran mayoría de políticos que buscan alcanzar una curul —con sus honradas excepciones— es enriquecerse a través de los “negocios” que llegan a hacer al Congreso. Y son los partidos los vehículos que utilizan para lograrlo.

Ya no sólo se trata del pago de facturas a sus financistas, ni de los sobornos que reciben por la aprobación o el estancamiento de las leyes, del financiamiento electoral ilícito o de la venta de las candidaturas; de lo que hablamos es de la toma por asalto de un organismo del Estado. Y eso es de una gravedad inaudita.

Mientras los hospitales y las escuelas del país apenas tienen presupuesto para operar, los niños no reciben refacción escolar y los pacientes mueren por falta de medicamentos y equipo, los diputados hacen piñata con el presupuesto, engordan sus cuentas personales y adquieren propiedades y artículos de lujo. Es exactamente a eso a lo que se refieren los médicos de los hospitales cuando afirman que la corrupción mata.

Así como la reforma al sistema de justicia es un imperativo para garantizar la independencia judicial y limpiar las cortes de jueces y magistrados corruptos, la reforma profunda al sistema político nacional es absolutamente impostergable si queremos garantizar que el Congreso, el Ejecutivo y las municipalidades dejen de ser las cuevas de Alí Babá y sus bandas de ladrones. Quedó demostrado que el reciente proceso electoral —realizado bajo las mismas reglas— llenó el Congreso de más de los mismos haciendo más de lo mismo: transfuguismo, extorsión, venta de plazas, chantaje y corrupción.

La reciente aprobación y sanción de las reformas electorales fue un paso en la dirección correcta pero completamente insuficiente para la magnitud del problema que afrontamos. Podrán la Cicig y el MP seguir con la investigación, persecución penal y desmantelamiento de redes criminales, que si las condiciones siguen siendo propicias y no se realizan transformaciones de fondo, cambiarán las caras de quienes integran las mafias, pero no las mañas.

El tema es que son precisamente los políticos quienes tienen la llave de la reforma y hasta ahora parece que aunque la tormenta se avecina, ni siquiera se persignan.

@MarielosMonzon