El cerco de policías colocado en los alrededores del Palacio Nacional, Casa Presidencial y el Congreso separa dos mundos opuestos. Miles de policías protegen a funcionarios contrarios a su sociedad. Si esos miles de policías tienen a sus espaldas a tales personajes, enfrente tienen grupos de manifestantes también pacíficos, como ellos.

Se ha aprendido a convivir de esa manera, en el sentido de que los policías están para limitar pacíficamente los derechos ciudadanos y los manifestantes toman el altoparlante para reconocerles su labor, para decirles en voz alta que ellos también son pueblo, parte del pueblo explotado, que no tienen la culpa, que solamente cumplen órdenes. Ese reconocimiento es justo porque la policía también es víctima de la injusticia. Pero en realidad cumplen órdenes ilegales. La “inteligencia” ha tenido la habilidad de poner un cerco en desventaja y bien relacionado, identificado con los manifestantes.

Se crea un pacto tácito, de velada complicidad entre el pueblo y la policía. El régimen sabe que los manifestantes anteponen los derechos humanos y que privilegian el respeto, no la confrontación. La policía está desarmada, es parte de esa sociedad que le obligan reprimir. Y si a los policías se les pregunta en forma individual acerca del “presidente” o los diputados, se comprueba que también reconocen la injusticia por la cual se protesta. Igual que los manifestantes, rechazan lo que protegen.

Esa identificación también es propiciada. Por eso decimos que la situación es terrible, porque han instrumentalizado cuanto tienen a su alcance. Los sistemas de opresión tradicionales abren la confrontación como primera línea. Eso lo conocimos bien durante décadas. Hoy día se coloca al pueblo frente a su espejo, se recurre a esa parte humana que defiende, centro de su lucha. Se privilegia lo que es correcto: la no violencia, el límite vulnerable antes que un enfrentamiento. A eso se suma el discurso de la moderación. Saben que sería contradictorio que una marcha pacífica se volviera violenta. Además, un choque sería favorable para que los del otro lado del cerco, los protegidos, mandaran abrir fuego justificado. Una alarma, una llamada por radio que saliera, precisamente de ese cerco, convocaría a la policía tradicional con sus bombas lacrimógenas, bastones y armas, respaldada por el ejército.

Al final del día de una manifestación pacífica, consumada esa interacción —la de los manifestantes y la policía ligados a un mismo sentimiento, reconociéndose unos a otros como iguales y víctimas de un mismo régimen opresor— ha de sentarse cómodamente el ministro de Gobernación y sus asesores a evaluar la manera como se desarrolló la amable interacción popular.
Ilusamente, quisiera uno que los del cerco se dieran la vuelta y caminaran junto al pueblo. Eso es imposible. Se entiende que, o se someten o son declarados en rebeldía. Debido a ello, el control de toda una institución para fines personales es el plato de la casa del crimen organizado desde el gobierno: subordinación, lealtad, obediencia. Imposible que desobedezcan, pues faltar a la obediencia tiene consecuencias graves.

En todo el mundo, el rol de la policía es represor. Se podrá objetar que tiene una función protectora ciudadana, de acompañamiento social, de respeto al individuo, lo cual ha de ser cierto en alguna república como la de Platón, tal vez; no en esta distopía en marcha donde unos pocos cientos de personas en Gobernación, militares de alto rango, empresarios corruptos y altos funcionarios tienen bajo su dominio a millones de habitantes.