La cifra es pasmosa: más de Q31 mil millones destinados en tres años a programas vinculados con el combate de la inseguridad alimentaria pero los casos de desnutrición aguda y crónica siguen apareciendo en comunidades de todo el país, sobre todo en departamentos como Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chiquimula y Jalapa. Cabe cuestionar qué es lo que no está funcionando y cuáles son los correctivos por aplicar. A 43 semanas del final del actual período, en las proximidades del inicio de la campaña electoral valdría la pena analizar la entrega de un informe realista a los partidos y candidatos que pasen a segunda vuelta, así como a los diputados electos al próximo congreso, para abordar el problema, trazar prioridades y acordar seguimientos pertinentes para los próximos 20 años.

Para asumir ese diálogo, el Ejecutivo actual debe estar dispuesto a reconocer fallos y comenzar desde ya los cambios para una transición proactiva. Ello comprometería a los eventuales sucesores a seguir líneas de mayor eficiencia, depuración burocrática, nominación de profesionales idóneos, con antecedentes de trabajo efectivo en el área y con cuentadancia total en el manejo de los recursos.

Ante el destape de casos graves de desnutrición en Panzós, Alta Verapaz, que evidencian una crisis, la peor actitud es negarla. En cualquier Estado decente, lo más sensato es revisar procesos, analizar la calidad de la ejecución de los programas y deducir responsabilidades a quienes corresponda. Pero en lugar de una convicción por erradicar ese flagelo, se prioriza la propaganda, cuando en realidad muchas de las acciones reales contra el hambre dependen de decisiones que conlleven cambios de rumbo.

No se puede resolver el problema de la desnutrición únicamente con el reparto de alimentos, y menos con la instalación de comedores públicos en áreas en las cuales el objetivo parece ser más bien electorero. Se necesitan estrategias para crear empleo o autoempleo, con capacitación, acompañamiento técnico, implementación de cadenas de valor o microiniciativas de turismo comunitario, con el aporte del gobierno central y municipalidades, pero no pueden quedar sujetas a las veleidades de cada administración porque allí es donde las descontinuidades llevan una y otra vez a partir de cero, con recurrentes preludios de víctimas mortales.

Las acciones humanitarias de la iniciativa privada, iglesias, organizaciones internacionales y países amigos también son claves y sus experiencias pueden marcar pautas sostenibles. Ahora mismo existen en localidades del país esfuerzos encaminados a proveer oportunidades de crecimiento integral a los niños, mediante la generación de oportunidades productivas para madres y familias, atención escolar y educación nutricional. Abatir el hambre en Guatemala es una tarea pendiente desde hace más de medio siglo. Nuevas generaciones crecen y tienen hijos en regiones desfavorecidas, lo cual prolonga un lastre que a la larga paga todo el país, a causa de rezagos cognitivos y limitaciones relativas al desarrollo de capacidades.

Desde ya los aspirantes a la Presidencia, diputaciones y alcaldías deberían ir perfilando algún tipo de acuerdo interpartidario, con compromisos concretos respecto de la inseguridad alimentaria. No letanías demagogas ni declaraciones líricas, sino acciones concretas que emprenderán, quede quien quede en las próximas cinco elecciones.