EDITORIAL
Urge recuperar acceso al puerto Santo Tomás
Cualquier operativo para reabrir el paso y asegurarlo debe ser inmediato.
Es lamentable la actitud de un grupo de presuntos jubilados de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla, que en lugar de utilizar vías legales, bloquearon el acceso a esta instalación estratégica nacional. Se les sumaron otros grupos, con diversos intereses, entre los cuales obviamente no se encuentra el beneficio de la Nación. Son millonarias las pérdidas por este sabotaje a la cadena productiva nacional, que compromete importaciones y exportaciones por igual. Este tipo de acciones retrógadas y desfasadas reflejan una irresponsabilidad mayúscula, que se ve agravada por la indolencia con que el Ministerio de Gobernación ha abordado el asunto.
Cientos de contenedores con productos perecederos como banano, plátano, melón y otros insumos agrícolas se encuentran varados desde el martes en la ruta de acceso al puerto. Cualquier operativo para reabrir el paso y asegurarlo debe ser inmediato, pero aún así va tarde. Se ha incumplido ya con pedidos y plazos de entrega, hay costos adicionales de jornales, viáticos y penalizaciones por embarques tardíos. Se trata de una auténtica crisis que pasa inadvertida en el barullo de las urbes y otras angustias, pero que a la larga impacta a toda la Nación, pues también implica demoras en la entrega de suministros importados, materias primas e incluso combustibles.
De por sí, el país afronta dificultades viales hacia la Costa Sur, debido al corte de la autopista Palín-Escuinta. Muchos de los embarques provienen desde esa región y atraviesan todo el país para encontrarse con este bloqueo injustificado, ilegal y abusivo. Si existieren reclamos lícitos de prestaciones laborales o de otro tipo, deben plantearse en las instancias institucionales correspondientes. Ayer, la Cámara de Comercio solicitó un amparo para garantizar la libre locomoción en el lugar.
El diálogo con los perpetradores del bloqueo está en punto muerto y dicha intransigencia es la que automáticamente brinda un asidero legal para que la fuerza policial desaloje el área. La Procuraduría de Derechos Humanos, que ya anteriormente ha acompañado demandas de jubilados de Empornac, también tendría que denunciar este bloqueo y amenaza contra los derechos de miles de trabajadores y ciudadanos, no solo del transporte, sino dependientes de las empresas agrícolas, manufactureras y comerciales que en este momento afrontan pérdidas y arriesgan su sostenibilidad.
Aunque se supone que trabajan por el bienestar del departamento, ni los diputados distritales se han pronunciado acerca de las demandas de los bloqueadores. Queda claro que a las exigencias iniciales se han sumado otros grupos para pescar en río revuelto. Existe el derecho de libre expresión y de manifestación, pero sin golpear al aparato productivo nacional ni ahogar el flujo nacional de ingresos. A largo plazo, este tipo de medidas unilaterales solo ahuyentan las inversiones, desvanecen la certeza jurídica y generan más pobreza y desempleo.
Ciertamente, la Empornac ha tenido señalamientos de discrecionalidad respecto de sueldos y gastos. En ocasiones, cuando entran nuevas autoridades e intentan corregir tales despropósitos, emergen estos grupos piqueteros para generar caos y, por ende, presión para proteger privilegios ignotos. Se han dado casos de “compadre hablado”, en los cuales ciertos directivos y sindicalistas fomentan el barullo para desviar la atención. En todo caso, si este bloqueo es una medida de resistencia a la corrección y la transparencia de procesos, con mayor razón se debe sentar un precedente ejemplar. El bien común está por encima de cualquier beneficio sectario.
ESCRITO POR:
