Editorial
Urge combatir a los barrenadores del erario
A decir de la denuncia, es probable que se haya errado en la designación de ciertos perfiles.
Varios gobernadores no especificados, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia y algunos diputados son señalados por alcaldes de exigir supuestas comisiones ilícitas para agilizar la asignación de recursos y ejecución de obras en ciertas localidades, según informó el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, quien dijo tener en su poder las denuncias, mas no dio más detalles ni de cuándo las presentaría formalmente a las instancias correspondientes, lo cual debería hacer pronto, para no caer en omisión de denuncia.
La revelación tuvo lugar poco después de que el Ejecutivo anunció una evaluación del desempeño de los gobernadores departamentales. Oportuno es recordar que estas designaciones fueron complicadas y en algunas jurisdicciones demoraron hasta junio. Entre marzo y abril se logró la mayoría de nombramientos, incluso después de devolución de ternas propuestas y de críticas contra el avance de la ejecución de recursos. Dado que los gobernadores son los representantes del presidente de la República en el interior, el señalamiento mencionado al inicio se debe investigar con celeridad y cabeza fría, tanto para tomar medidas correctivas como para respaldar gestiones en caso de necesitarse.
El sábado último renunció el gobernador de Quetzaltenango, Aldo Scheel, nombrado en abril último, aduciendo motivos de salud. Hizo la salvedad de que nunca pidió ni recibió dádiva alguna. Scheel fue candidato a la alcaldía de esa cabecera y quedó en segundo lugar. Varios concejales del comité cívico al que perteneció fueron excluidos de sesiones del Concejo, por pugnas políticas. Puede ser que Scheel no haya ejecutado bien la función para la que fue designado o que las presiones locales lo hayan conducido a la dimisión, la cual aún no ha sido aceptada.
La gestión de los gobernadores se rige por las prioridades del Gobierno, pero se ve marcada por las exigencias y planes de los Consejos Departamentales de Desarrollo que presiden, aunque también por las demandas de las comunas y, a menudo, por las intervenciones de diputados distritales. Las interacciones descritas en el enunciado anterior no tienen nada de ilícito y forman parte de las atribuciones del cargo. El problema es cuando alcaldes o diputados se inmiscuyen en la asignación de contratos a favor de empresas de financistas o testaferros, en la ejecución de ciertos proyectos clientelares o el otorgamiento de plazas. Llamemos a todas estas conductas ilícitas “los gusanos barrenadores del erario”, pues no persiguen el bien común, sino el beneficio de camarillas, que son una auténtica plaga.
El atraso en las designaciones de gobernaturas al inicio del año se debió al declarado intento de elegir a personas idóneas y libres de conflictos de intereses. A decir de la denuncia, es probable que se haya errado en la designación de ciertos perfiles. Pero no todos los alcaldes y diputados son peritas en dulce. Ello abre la posibilidad de que la búsqueda de una ejecución más planificada y estratégica haya golpeado los ingresos ilícitos de personajes locales acostumbrados a obtener tajadas de recursos públicos, incluso bajo amenazas de denuncia.
Esto, por supuesto, no reduce de manera alguna la necesidad y la urgencia de que el presidente de la República haga una criba rigurosa, con datos, hechos y verificación de las denuncias ediles, lo cual dará pie a depurar a gobernadores o delegados. Pero para ello se necesita la denuncia detallada, no vaguedades. Y ya que hay diputados señalados de horadar al erario, es deber de partidos y bancadas verificar tales extremos y actuar.
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