EDITORIAL
Urge castigo ejemplar al lavado de dinero
El combate del lavado de activos, tan creciente y escandaloso, demanda precedentes ejemplares y no medidas laxas que devienen en perversos incentivos.
Un dato revelador: durante el 2023, las alertas de posible lavado de activos superó los Q7 mil 800 millones, monto que en la práctica duplicó los Q3 mil 906 millones del 2022. La tendencia apunta a operaciones a gran escala para el blanqueo de capitales ilícitos obtenidos del narcotráfico, el contrabando de mercancías, trasiego de cigarrillos, trata de personas, extorsiones, estafas, robo de identidad bancaria y fraude con tarjetas. No quedan fuera de las posibles causales la malversación de fondos, recepción de sobornos o los aportes ilícitos a campañas electorales por alcaldías y diputaciones, sobre todo en áreas fronterizas y costeras.
Lo peor de todo es que tan infame industria se efectúa a través de mecanismos cada vez más sofisticados a fin de evadir los controles y monitoreos oficiales. El llamado “pitufeo” es uno de ellos: repartir un monto voluminoso entre numerosos cómplices, quienes los depositan en cuentas bancarias o los envían como transferencias a empresas de cartón u otros compinches. Se trata de una fragmentación que tiene como propósito eludir las alertas digitales e institucionales establecidas al detectarse grandes depósitos.
Los botines se reúnen en terceras y cuartas cuentas, ya con apariencia “legal”, aunque su procedencia sea a todas luces injustificable. Y es ahí donde tales patrones delatan la actividad ilícita y en las que el Ministerio Público debería enfocar sus esfuerzos. Por ejemplo, uno de los casos en los cuales se debería tener resultados contundentes es el de una gasolinera de Huehuetenango cuyas transacciones alcanzaron la astronómica e inverosímil cifra de Q1 mil 795 millones. La denuncia de tan sospechoso caso obra en manos de la fiscalía.
Dicho caso fue documentado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), al cual Guatemala se encuentra adscrita y que de forma constante identifica las nuevas modalidades de evasión de controles puestas en marcha por bandas criminales. No es el único caso reciente reportado en el país. También se le siguió la pista al lavado de unos Q229 millones mediante adquisiciones de bitcoines y otras denominaciones de divisas electrónicas, las cuales no tienen regulación alguna.
El punto “débil” de estas transacciones es que parten de dinero en efectivo y es ahí a donde debería apuntar el combate, para detectar esos voluminosos cargamentos. Viene a la mente la imagen de billetes apilados en cajas y habitaciones, lo cual suena familiar respecto de casos de corrupción como los Q122 millones, de inexplicable proveniencia, encontrados en maletas en una casa alquilada a nombre del exministro José Luis Benito, a quien la jueza Abelina Cruz le cambió el delito de lavado de dinero por uno menor y lo sentenció a dos años de cárcel conmutables y multa de Q1 millón, a pesar de la suma involucrada.
En casos como ese es necesaria la revisión total de procedimientos y la enérgica protesta del Ministerio Público para revertir el procedimiento. Sin embargo, el abuso de la reserva judicial permite estas extrañas discrecionalidades. El combate del lavado de activos, tan creciente y escandaloso, demanda precedentes ejemplares y no medidas laxas que devienen en perversos incentivos. El solo hecho de que sean departamentos fronterizos donde más se detectan millonarios depósitos hormiga a cuentas particulares ya es motivo de alarma. Pese a ello, las filas de migrantes haciendo depósitos o transferencias en agencias de municipios como Esquipulas, por ejemplo, son diarias.
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