Un lastre creciente para los sistemas democráticos y republicanos es el constante asedio de grupos políticos, sectarios e incluso personajes de prominente influencia en contra del balance de poderes, a fin de intentar colocar a su favor el sistema de pesos y contrapesos del Estado, a través de diversas maniobras que pueden llegar a tener una máscara legalista, pero con fines que atentan contra el bien común.

La suma de acciones entre estos grupos, a veces contrapuestos y otras aliados, llega a desembocar en embrollos institucionales, atraso de procesos, estancamiento en el desarrollo de leyes o reglamentos que a su vez imposibilitan otros pasos requeridos para cumplir a cabalidad con el ordenamiento jurídico. El más claro ejemplo de esta peligrosa mezcla de parsimonia maliciosa, tráfico de influencias y afán de disponer de impunidad a dedo, es la demora, mediante sucesivos rechazos de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la aprobación del reglamento de evaluación de jueces y magistrados, herramienta clave —y aún inexistente— para calificar a los profesionales que se desempeñan en un cargo dentro del Organismo Judicial y que aspiran a la reelección o a convertirse en magistrados.

El amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad frenó el proceso por esta carencia. El Consejo de la Carrera Judicial volvió a presentar a la CSJ dicho reglamento. Fue nuevamente rechazado. Esto bloquea el proceso de postulación hasta que exista una herramienta de evaluación objetiva, lo cual genera alergia a patrocinadores y allegados de jueces y magistrados cuestionados, cuyos fallos podrían pasar a ser objeciones.

Desde ayer, la Corte Suprema de Justicia se encuentra en un inédito período extraordinario ante la falta de sucesores. Para unos es el fin del mundo, para otros es la oportunidad única de cumplir la Ley de la Carrera Judicial y comenzar a desprender a este organismo de las ataduras políticas que se exhibieron con mayor desfachatez en la elección de cortes del 2014, cuando los extintos partidos Patriota y Líder pactaron una planilla, de la cual tres magistrados fueron separados por procesos judiciales.

Las postuladoras deben retomar su labor cuando se cumplan las condiciones estipuladas por ley y proceder a conformar los listados de aspirantes a magistraturas para la CSJ y salas de apelaciones, ya sean noveles o reelectos, para ser sometidos al voto del Congreso de la República. Justo aquí radica el notorio afán de numerosos diputados por acelerar procesos a cualquier costo. Quieren concretar su propia versión del contubernio 2014, a pesar de que 110 de ellos no fueron reelectos por el rechazo ciudadano. Es por tanto lógica la desesperación que exhiben.

Hay abogados que argumentan un supuesto rompimiento legal por el retraso en la elección de la CSJ. Otros responden que no se puede fundamentar un proceso en la omisión, requisitos estipulados para fortalecer la independencia y la eficiencia del sistema de justicia. Como bien señaló el escritor Moisés Naim en el reciente Enade 2019, las instituciones de justicia son codiciadas y por ello se deben despolitizar y fortalecer. Si los magistrados en funciones buscan acortar el período extraordinario y a la vez dejar un legado positivo, pueden comenzar por aprobar el reglamento de evaluación faltante, puesto que la otra causal del amparo provisional fue solventada con la elección de los postuladores de salas de apelaciones que fueron juramentados en el Congreso, que de esa forma acató el amparo de la CC, quizá no tanto por estar de acuerdo sino para acelerar la postulación.