Están por cumplirse 14 años del hallazgo fortuito de uno de los archivos más reveladores y extensos de la historia del siglo XX en Guatemala. Apilados, en desorden, y parcialmente deteriorados por humedad, roedores y hongos, se encontraban unos 60 millones de folios pertenecientes a la Policía Nacional, que databan desde 1882 hasta 1997. En aquellos promontorios de hojas se encontraron registros cotidianos de actividades de seguridad pública a lo largo de diversos gobiernos, pero también reportes, bitácoras y fichas sobre operaciones de seguimiento, captura e incluso ejecución de cientos de guatemaltecos. Antes de su localización, el Gobierno negaba la existencia de un archivo de ese tipo. Estudiantes universitarios, catedráticos, profesionales, políticos opositores, periodistas y dirigentes sociales fueron sujeto de vigilancia, sobre todo desde la dictadura de Jorge Ubico Castañeda, práctica que prosiguió durante el conflicto armado interno e incluso durante el actual régimen democrático.

La vergüenza histórica de los abusos del poder, la intolerancia y la mala utilización del aparato público de seguridad quedó evidenciada en las propias palabras de agentes policiales y sus superiores, pero también de informantes particulares que espiaban las actividades de ciudadanos sin que mediara una orden judicial para ello.

Una colosal tarea de clasificación, análisis, cotejo y digitalización se ha desarrollado desde hace más de una década y continúa hasta la fecha. Los documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional demostraron la existencia de continuas prácticas de represión y terror, que no deben volver a repetirse. Precisamente por ello, ha sido vital la recuperación y digitalización de esos documentos, gracias a los cuales se han logrado resolver casos de desapariciones y ejecuciones que involucraban a altos mandos del Gobierno, sobre todo en la década de 1980.

Los abusos cometidos por Donaldo Álvarez Ruiz, el temido ministro de Gobernación de Romeo Lucas, así como por sus subalternos Germán Chupina Barahona, director de la extinta Policía Nacional, y Pedro García Arredondo, jefe del sanguinario Comando Seis, se pudieron conocer de forma descarnada pero objetiva a través de los memorandos e informes detallados que sobrevivieron al abandono.

Por ello despierta suspicacias la intención declarada del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, tan proclive al secretismo y a las decisiones unilaterales, de trasladar el manejo del Archivo Histórico de vuelta a esa cartera, en lugar de dejarlo en manos del Ministerio de Cultura, que se ha encargado debidamente de su cuidado con el apoyo de países donantes. Grandes tragedias de la humanidad, como el holocausto nazi o la barbarie de las dictaduras de Argentina o Chile, se pueden conocer hoy en todo su dramatismo gracias a la conservación de extensos archivos que son memoria viva. En lugar de vedar o limitar el acceso, la información del Archivo de la Policía Nacional debe continuar siendo pública, por respeto a la inteligencia de los ciudadanos, por respeto a las víctimas y como una actitud constructiva que evite la repetición de abusos tan lamentables.