Editorial
Una factura por más de Q2 mil 600 millones
Los Q876 millones durante tres años saldrán de los impuestos que usted paga, y son recursos que no irán a Salud, no irán a Educación, tampoco a infraestructura ni a otros rubros de inversión pública.
Aunque el conflicto armado interno terminó hace 28 años, aunque muchos de los autollamados veteranos de guerra no comprobaron fehacientemente su participación como efectivos —por falta de registros fidedignos en el Ministerio de la Defensa— y aunque el reclamo de compensaciones por supuestos servicios a la patria ha sido un juego clientelar recurrente, todavía existen diputados que se atreven a insinuar tiempos extra para sumar a más personas a las nóminas que ya por ahora le costarán Q876 millones al Estado durante tres años: en total, unos Q2,628 millones.
Al diputado Byron Tejeda, del partido denominado “Cabal”, habría que preguntarle: ¿si tanto es su patriotismo y sentido humanitario, estaría dispuesto a donar el total de su sueldo para dicha causa? En este momento está promoviendo una iniciativa para modificar ese pago, para extenderlo a cuatro años y abarcar también a viudas de exmilitares. Si no hay registros completos de los soldados, más difícil sería confirmar parentescos, sobre todo si, como sugiere ese legislador, se incluye a quienes solo estaban en unión de hecho.
Todavía se recuerdan los nefastos bloqueos viales y aeroportuarios impulsados por un grupo de expatrulleros hace 20 años, un movimiento que hasta su propia diputada llegó a tener, aunque una vez en el hemiciclo no hizo absolutamente nada por aquellos mismos que decía defender. En 2005 surgió el programa Bosques por la Concordia, para justificar el pago a los exparamilitares mediante la siembra de árboles. No existen registros fiables de cuántos plantaron y menos aún de su estado actual. Siguiendo el mismo patrón de agresividad surgieron los exsoldados, que se dividieron por diferencias en el impagable monto exigido.
El anterior oficialismo legislativo, encabezado por Shirley Rivera, consintió el pago a los exmilitares, pese a sus conductas callejeras violentas, haciendo así del chantaje un método. Quizá solo era cuestión de verse reflejados. O tal vez creyeron que sería un buen filón de votos. Pero aún así perdieron estrepitosamente. Otros recogieron el negocio clientelar. El 4 de julio, el actual Congreso aprobó con 102 votos la reforma a la llamada “Ley Temporal de Desarrollo Integral”, nombre eufemístico para disfrazar su destino, porque de desarrollo real, nada. ¿Y de leyes complementarias para impulsar mejoras integrales en las comunidades? Nada de nada. ¿Cuántos de esos 102 querrán donar el sueldo para sus nobles ideales con dinero ajeno?
El conflicto armado guatemalteco dejó una cauda gigantesca de dolor, muerte y destrucción; su daño más grande fue la polarización que enfrentó a hermanos y que ocasionó rezagos de décadas en el desarrollo educativo, económico, productivo, agrícola y de salud. El final de aquella cruenta etapa, que jamás debe repetirse, obvió la reparación digna de comunidades, afectados y participantes. Se cometieron errores y hubo omisiones que tocó parchar o compensar. Fue por ello que muchos exsoldados, en efecto, quedaron en un limbo, a pesar de haber sufrido mutilaciones y discapacidades. Desde ese lado se puede entender el reclamo, pero nunca bajo criterios de fuerza, agresión o chantaje en contra de la actividad productiva del resto de ciudadanos.
Los Q876 millones durante tres años saldrán de los impuestos que usted paga, y son recursos que no irán a Salud, no irán a Educación, tampoco a infraestructura ni a otros rubros de inversión pública. Son la última factura de la violencia armada que duró 36 años y que todo el país ha pagado por 28 más.
ESCRITO POR:
