Un país harto de todo tipo de extorsionistas
Son ya más de 20 años de carreras de ratón y gato tras este tipo de estructuras.
Transportistas de pasajeros agremiados del país denuncian por enésimo año el asedio de extorsionistas que les exigen un pago en diciembre y otro en enero, indignamente llamados “aguinaldo” y “bono escolar”, por coincidir con sendas épocas del año. Pero con todo y esos nombres contradictorios, con todo y el reciente encierro de decenas de reos en una prisión de máxima seguridad, con todo y la zozobra que causan, las autoridades —tanto la Policía como el Ministerio Público— solo repiten el mismo mantra de consuelo: “Pongan las denuncias para que se pueda perseguir a los delincuentes”.
No importa si son pandilleros o imitadores los que perpetran este asedio, son igual de execrables: las amenazas que profieren por teléfono, por mensajes de red social o a través de cómplices son causa de agonía para propietarios de autobuses, pero también para pilotos y ayudantes que suelen ser las principales, mas no las únicas, víctimas de atentados, pues también existen casos de pasajeros fallecidos por balas perdidas en ataques.
La extorsión como delito merece penas más severas para todos los involucrados, pero también la certeza de que todo delincuente asociado será aislado en reclusorios sin acceso a comunicación con el exterior. Las reiteradas maniobras legales de varios reos confinados en el centro Renovación 1, de Escuintla, que buscan ser trasladados a cárceles en las cuales proseguir sus tropelías, demuestra que el temor al castigo sí funciona para esta calaña de individuos. Es necesario que el Código Penal sea reformado para endurecer las sentencias en contra de extorsionistas, sobre todo cuando se tienen agravantes como la reincidencia y la saña contra víctimas. Esto depende del Congreso, que hasta ahora no le ha dado mayor importancia a este tormento y lastre ciudadano.
Las cifras de pérdida que denuncian los transportistas organizados rondan los Q100 millones, una cantidad cuyo patrón y volumen de movimientos asociados no debería pasar inadvertida para entes como la Intendencia de Verificación Especial, ya que los grupos delictivos suelen exigir depósitos bancarios a sus víctimas. La fragmentación, la frecuencia o los montos reiterados constituyen claves de acción para detectar a usuarios y beneficiarios, entre los cuales a menudo hay familiares de los pandilleros o los imitadores.
Si esperamos a que haya más cárceles de alta seguridad para combatir las extorsiones, estas se prolongarán por otra década. Son ya más de 20 años de carreras de ratón y gato tras este tipo de estructuras. Las requisas en centros carcelarios se repiten, vuelven a encontrarse teléfonos y terminales de internet inalámbrico. En una época con tanto avance tecnológico no debería ser tan complicado, por no decir imposible, el bloqueo de señal celular o digital mediante información de geoposicionamiento para cortar una de las herramientas de estos grupos.
En un tema aparte, pero relacionado por sector y por analogía, ayer se produjo un dañoso bloqueo de varias rutas por parte de pilotos de microbuses que reclaman acceso a un subsidio estatal por transporte a adultos mayores. En lugar de comportarse como ciudadanos trabajadores, adoptaron una actitud de extorsionistas: causaron largas filas, ingentes pérdidas económicas y rezagos para miles de ciudadanos. Su reclamo puede ser lícito si cumplen los requisitos y calificaciones necesarias, pero por ahora no pasan de pendencieros amenazantes. Así como hay una sentencia acerca de que un robo es un robo sin importar el monto, una extorsión lo es si amenaza con un mal desde una cárcel o desde un camino bloqueado ilegalmente.