Editorial
Tres años sin resultados de pesquisa Sputnik
Varias de las irregularidades señaladas por la PGN coinciden con las de la CGC.
Poco sorprende la denuncia de la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentada al Ministerio Público (MP) por las opacidades, lesividades e inconsistencias de la compra de vacunas rusas Sputnik V. El 5 abril del 2021 se dio el pago de Q614 millones para adquirir ocho millones de dosis, pactado en un contrato firmado en secreto. De ellas se perdió, por caducidad, el 50% del lote, debido a la tardanza de los envíos, sin que el Estado pudiera protestar ni reclamar compensación alguna, pues el acuerdo, negociado sin participación de la PGN, solo era ventajoso para el intermediario ruso, Human Vaccine. Primero comenzaron a llegar las dosis donadas por países amigos.
El Ejecutivo actual señala a la exministra de Salud, Amelia Flores, de los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de fondos, por haber signado dicho contrato bajo cláusulas de total secretividad. No obstante, en aquella negociación, o al menos en los acercamientos, también participó el excanciller Pedro Brolo, y no se puede concebir que ambos hayan actuado sin el aval del expresidente Alejandro Giammattei, ahora diputado al Parlamento Centroamericano.
Queda en manos del MP dar seguimiento a la denuncia antes mencionada. Sin embargo, las perspectivas no son halagüeñas, pues ya obran en su poder otras cinco denuncias planteadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC) en el 2021 y 2022. Hasta el sol de hoy no se conoce de resultados, y menos de sindicaciones, pese a las numerosas discrecionalidades detectadas. No existen delitos pequeños y todos deben ser sancionados acorde a la ley. Cabe destacar que por montos mucho menores el ente investigador dirigido por Consuelo Porras ha emprendido enconadas persecuciones.
Si se toma en cuenta la primera denuncia, interpuesta el 6 de marzo del 2021, han pasado tres años y un día. El inicio de la investigación se divulgó en mayo del 2021. Poco más de un año después, en el 2022, el presidente Giammattei reeligió a Porras como fiscal general, a quien en alguna ocasión llamó como su “amiga”. No lo parecía, pero había una situación de conflicto de intereses. Las causas reales del rezago en la pesquisa se desconocen y en este momento no se deberían invocar más dilaciones. La contrastante celeridad de otras causas contra críticos y opositores al gobierno anterior es la que ha colocado la espada de Damocles.
Varias de las irregularidades señaladas por la PGN coinciden con las de la CGC: la compra se hizo con un intermediario y no con el fabricante; se efectuó bajo condiciones lesivas para el Estado, incluida la secretividad; se desconoce en qué lugar se firmó el acuerdo, que estaba en otro idioma y sin traducir; de haber un reclamo, se sometía a Guatemala a acudir a un tribunal de arbitraje en Singapur. Para colmo, las entregas fueron por abonos y la gran mayoría de ellas llegaron casi al límite del plazo. No actuar o hacerlo de manera tardía ante tales indicios podría tipificarse como incumplimiento de funciones.
Más allá de lo que haga o no el MP, en mayo próximo vence el más reciente lote de vacunas donadas por Estados Unidos. Quedan 45 mil dosis sin aplicar y se debería promover su uso, sobre todo ante frecuentes repuntes de covid-19. Es cierto que la severidad de los casos ha disminuido; sin embargo, fortalecer la inmunidad de la población nunca está de más. Hace falta una oportuna campaña de comunicación, por parte del Gobierno, acerca de los puestos de vacunación disponibles, para que no se pierdan más dosis por caducidad.
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